Dos temas han sido centrales en la agenda del presidente Trump en relación con México: detener de tajo la migración indocumentada y mejorar el combate frontal al tráfico de enervantes por parte de su vecino del sur. El comercio, principal preocupación del gobierno mexicano es visto con displicencia por la Casa Blanca, quien estima que nuestro país ha “abusado” del acuerdo comercial.
Con intereses encontrados y una relación cada vez más precaria, los dos socios comerciales han vivido varios días de tensión, cargados de desencuentros y especulaciones. Todo comenzó con la decisión de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de presentar una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.
Tiempo atrás, el gobierno de Estados Unidos había declarado como terroristas a todos aquellos que participan en cárteles criminales. De ahí viene la gravedad de la situación. Como lo revela la acusación, “el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Con la pelota en la cancha mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) frenó la posible detención de los acusados al concluir que la solicitud enviada por Estados Unidos carece de pruebas, fundamentos y no acredita urgencia, requisitos indispensables para proceder al otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición.
La enmienda de la plana a las autoridades del vecino del norte fue severa: “Tras la revisión, no hay ninguna referencia, que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención”. Según la fiscalía, no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga viable el otorgamiento de la medida.
El revire estadunidense tendrá que venir a solicitud de parte. La FGR pedirá a la SRE que solicite a las autoridades estadunidenses remitir pruebas y argumentos “por las vías que garanticen la confidencialidad de la información”, a fin de estar en posibilidad de fijar una postura institucional.
Lo real es que el Estado vive arrodillado ante la violenta disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Por eso no resultó sorpresivo que el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán solicitaran licencia temporal a sus cargos. En consecuencia, el Congreso local nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.
La flamante consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, ratificó que la petición no acredita los elementos para proceder bajo la figura de detención provisional. Políticamente, se dobla la apuesta: “La parte requirente no aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada”. En tanto, el gobierno federal asignó protección al gobernador con licencia, tras una evaluación del Gabinete de Seguridad.
BALANCE
El desacuerdo es cada vez más grande. Las posiciones de cada parte no podrían estar más alejadas. Nuestros vecinos quieren celeridad y eficacia en el combate a los cárteles. Sin embargo, para el gobierno de México no existe urgencia en la solicitud de Estados Unidos para la detención de presuntos delincuentes.
Nada para nadie. Nos encontramos en el limbo. El limbo, derivado del latín limbus (“borde” o “límite”), es un concepto de la teología católica medieval que designa un estado o lugar temporal/permanente en el más allá, donde van las almas que no merecen el infierno, pero están excluidas del cielo, como niños no bautizados o patriarcas precristianos. Así se encuentra ahora la relación bilateral. Lo que sigue es de pronóstico reservado.