Crimen organizado: amenaza democrática
El crimen organizado encuentra su campo fértil en la deficiente respuesta estatal para garantizar derechos y libertades fundamentales de la gente.
La violencia recorre sin rubor nuestras calles y barrios. América Latina y el Caribe está viviendo la época más violenta de las últimas décadas, tenemos el mayor número de homicidios en promedio a nivel global. La violencia regional se encuentra ligada a la presencia de los grupos del crimen organizado y sus actividades ilegales.
La presencia de la delincuencia organizada y sus consecuencias constituyen una amenaza directa a la democracia regional, lesionan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y las comunidades, privándoles de paz y seguridad necesarias para el desarrollo pacífico de sus vidas.
El debate y las acciones para combatir la violencia que genera el crimen organizado es urgente e impostergable, la comunidad exige un nuevo pacto social y político que enfrente la inseguridad y el tráfico de drogas y personas en la región más violenta del planeta.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de cada tres homicidios que suceden en el mundo tiene lugar en América Latina, a pesar de que sólo aloja a una décima parte de la población.
El crimen organizado tiene un gran impacto en términos sociales y económicos, la inseguridad y la violencia son las principales causas de la desconfianza en la democracia entre la población y han llevado a millones de personas a huir de sus países y buscar lugares más seguros.
La delincuencia organizada encuentra su campo fértil en las grandes brechas y desigualdades económicas y sociales, y la deficiente respuesta estatal para garantizar derechos y libertades fundamentales de la gente, lo que permite a los grupos delictivos acrecentar su poder, reclutar a mayores segmentos poblaciones, controlar territorios, desarrollar economías ilegales y desplegar su violencia de forma indiscriminada.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha señalado que la inequidad, la violencia, la corrupción, la exclusión, el narcotráfico y la discriminación estructural que viven nuestros pueblos se constituyen en grandes brechas que nos siguen distanciando y que necesitamos superar.
La violencia generada inmoviliza y produce miedo en las sociedades, limita nuestra capacidad para dialogar y construir los consensos necesarios para nuestra vida en comunidad. El crimen organizado transnacional y la presencia del narcotráfico infiltrado en la política han erosionado la confianza ciudadana en el Estado y en sus instituciones.
La región debe trabajar coordinadamente en nuevos modelos de seguridad democrática, con una receta que incluya la protección de derechos fundamentales, el fortalecimiento de las instituciones y la promoción de una nueva cultura de paz y solidaridad regional.
La delincuencia organizada está rompiendo el tejido social y debilitando a nuestras frágiles democracias regionales, debemos fortalecer los marcos normativos y de acción de la justicia y de las fuerzas de seguridad para sancionar las actividades delictivas.
BALANCE
La cooperación internacional es indispensable para enfrentar los delitos transnacionales y establecer vínculos y conexiones de las agrupaciones criminales para combatirlos de forma más efectiva y organizada.
Sólo reduciendo la desigualdad lacerante, generando mejores condiciones de vida para la gente, reduciendo la pobreza estructural y creando oportunidades de vida digna, podremos empezar a ganar terreno en contra de los grupos delictivos que hoy azotan a nuestro continente.
La región debe volver a ser un territorio de paz y el único antídoto posible en contra de la expansión del crimen organizado sigue siendo más y mejor democracia, con más dosis de justicia, solidaridad e igualdad.
* Los puntos de vista son a título personal.
No representan la posición de la OEA