En medio del proceso electoral más polarizado de la historia de Brasil; de obscuros acuerdos petroleros entre el régimen de Caracas y el gobierno de Estados Unidos y ante la desaparición legal de la oposición electoral en Nicaragua, se cumplirán 25 años de vigencia de la Carta Democrática Interamericana (CDI), que fue suscrita en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001.
A 25 años del nacimiento de la carta es difícil ser optimista en momentos tan oscuros. Un sentimiento de desesperanza nos acompaña con frecuencia. Los autócratas, los farsantes y los dictadores pululan por el mundo.
Son tiempos canallas. La desigualdad rampante, la polarización tóxica, la desinformación y las noticias falsas, la inteligencia artificial, la migración forzada, la delincuencia organizada, el cambio climático y la proliferación de la guerra y la violencia han generado un entorno hostil.
Aunque la región ha logrado consolidar, en buena medida, sistemas políticos basados en elecciones libres, periódicas y competitivas, la mera existencia de procesos electorales no ha garantizado una democracia sólida ni funcional.
La erosión silenciosa, o democratic backsliding, se manifiesta en limitaciones graduales a la libertad de prensa, la cooptación de órganos autónomos y la concentración del poder en el Ejecutivo, que socavan la separación de poderes y debilitan los frenos y contrapesos. El pluralismo político se va restringiendo y las instituciones de control son desmanteladas paulatinamente.
A pesar de sus limitaciones y de múltiples frustraciones acumuladas, el método democrático se ha consagrado como la única vía que hace posible la convivencia y la competencia política en contextos de alta diversidad, mediante la instauración de un conjunto de derechos políticos y jurídicos. No obstante, la transición democrática no significa que el sistema de gobierno se traduzca automáticamente en instituciones permanentes o en gobiernos efectivos. Los retrocesos siguen latentes y las peores prácticas se contagian con frecuencia.
Lo que hemos vivido durante los últimos 10 años entraña una gran paradoja: el uso de las reglas e instituciones de la democracia establecida para destruir de forma gradual la democracia misma. Las transiciones no significaron necesariamente que el Estado de derecho se fortaleciera; que el abuso del poder y la corrupción se limitaran y llevaran a la justicia; o que los derechos políticos y un piso mínimo de libertades civiles se garantizaran y respetaran.
En esta dirección, los organismos administrativos y judiciales desempeñan una función crucial. Estas instituciones aseguran el correcto desarrollo de los procesos electorales y su obligación es velar por el cumplimiento cabal de los principios que rigen las elecciones, a fin de garantizar representación, equidad y el pluralismo.
Cuando el gobierno captura a la autoridad electoral, ésta no puede garantizar los medios jurídicos de defensa necesarios para hacer valer los derechos de la ciudadanía, las personas candidatas y los partidos políticos.
Balance
A un cuarto de siglo de su creación, la vigencia de la CDI debería reflejar el compromiso colectivo de los países miembros de la OEA con la democracia y sus instituciones fundamentales. La carta sintetiza el compromiso ineludible de los gobiernos americanos con elecciones libres, justas y transparentes.
A 25 años del nacimiento de la CDI, hay que repetirlo, las obligaciones de los Estados americanos son claras: respetar sin medias tintas los derechos humanos, garantizar la vigencia del Estado de derecho, celebrar elecciones íntegras y justas, fortalecer el régimen plural de partidos y defender sin excepciones la separación e independencia de los poderes públicos.