No fue sorpresivo. El régimen ya había tomado la decisión años atrás. Todo comenzó con la captura del Poder Judicial. La renovación de tres consejerías del INE estaba cantada. No se hicieron esfuerzos serios por conseguir los votos de la oposición. A la postre, apuñalaron la credibilidad de la última gran institución de la democracia mexicana. Las consecuencias vendrán después.
Sin miramientos, la coalición gobernante activó su maquinaria y el pleno de la Cámara de Diputados de México eligió por mayoría calificada a Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García como nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2026-2035.
La votación se concretó con 334 votos a favor y 127 en contra, en medio de un debate marcado por señalamientos de la oposición. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra, argumentando dudas acerca de la independencia de los perfiles propuestos y del mecanismo utilizado para su proceso de selección.
El proceso de designación ocurrió en un contexto de alta polarización política, en el que la integración del Consejo General del INE vuelve a colocarse en el centro del debate sobre la autonomía y confiabilidad de las instituciones electorales en México.
En el fondo, lo que genera desconfianza es que la designación no contó con el visto bueno de la oposición. Cuando los adversarios políticos no avalan al árbitro, las consecuencias son inmediatas. Todas las resoluciones del colegiado, como sucedió previo al proceso de 2006, estarán condicionadas y serán motivo de controversia política.
Durante los últimos 10 años la captura de instituciones electorales ha sido una constante en países que han sufrido procesos acelerados de autocratización democrática. Venezuela, Bolivia, Honduras y, más recientemente, El Salvador son ejemplos de esta tendencia de “secuestro institucional”.
La captura siempre sigue la misma ruta: el partido oficialista, con la complicidad de partidos “satélites”, toma control de los organismos administrativos o jurisdiccionales buscando minar su autonomía y debilitar su independencia para favorecer decisiones e intereses específicos.
A la postre, lo que se lastima indefectiblemente es la credibilidad social en torno a valores que el IFE-INE ya había logrado consolidar. Dando el beneficio de la duda a los recién designados; ahora les corresponderá en los hechos refutar las dudas sobre su elección con una conducta intachable. Cada votación será una prueba de ello.
La imparcialidad será crucial para la credibilidad de los árbitros electorales. Se exige que los recién llegados garanticen la ausencia de prejuicios, sesgos o intereses personales al juzgar o proceder, garantizando un trato equitativo y neutral. Las elecciones limpias deben basarse en principios éticos, legales y objetivos que permitan al Consejo General tomar decisiones justas sin favorecer a ninguna parte en un conflicto.
BALANCE
El INE está obligado a tutelar los derechos de la ciudadanía mostrando músculo y reflejos democráticos. Como reza el viejo dicho, no se puede “ser juez y parte”. No se puede aspirar a la justicia y al mismo tiempo ser parcial. Flaco favor se hace el gobierno con un INE desacreditado que dé la impresión de estar controlado a “control remoto”.
A pesar de los malos pronósticos, no podemos renunciar a la aspiración de un árbitro autónomo e imparcial. En plena fiebre mundialista, es importante recordar que no sólo los consejeros electorales, sino también los árbitros deportivos, los inspectores de tránsito, los policías y todos aquellos que ejercen un poder conllevan responsabilidades que son muy importantes. El INE no es propiedad del gobierno; es patrimonio de toda la sociedad.