Lanza ultimátum la Auditoría Superior de la Federación

Sabemos que la pandemia ha servido como pretexto a varias secretarías federales, gobiernos estatales, municipales, tribunales, universidades, organismos autónomos, para no entregar información sobre el uso de recursos públicos.

A los morosos ya se les puso un ultimátum. Tienen hasta el 31 de diciembre para entregar la información o, de lo contrario, los van a “observar” al 100 por ciento, aseguran fuentes de ese órgano de la Cámara de Diputados.

Sólo en casos debidamente justificados se recibirá información en el mes de enero. La mayoría no ha entregado la información por “irresponsabilidad”, nos aseguran en la ASF. “Se tienen que poner las pilas no sólo los de la 4T, sino los estados, los poderes…”, advierten.

El otro con cuentas del Infonavit 2017-2018 que no han podido ser auditadas porque el instituto se amparó, so pretexto de que no recibe recursos públicos, sino privados. El asunto escaló hasta la Corte. Pero la Segunda Sala determinó que el Infonavit sí puede ser auditado y que las facultades de la ASF no están limitadas a los recursos que integran la hacienda pública federal, sino que comprenden el patrimonio de entes públicos, entre ellos los organismos descentralizados.

Hay que recordar que en febrero de este año, la FGR recuperó 2 mil millones de pesos de un supuesto desvío desde el Infonavit a una empresa privada, ocurrido en la pasada administración. 

Hasta circo hubo. El fiscal Alejandro Gertz Manero entregó un cheque por esa cantidad al presidente López Obrador, en una de las mañaneras. 

El dinero se llevó a la caja del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y su destino final sería el pago de premios de la famosa “rifa del avión” que no se rifó y que tampoco pueden vender, según confesó ayer el propio López Obrador.

Una pregunta antes de cambiar de historia: ¿Qué hacían el martes los consejeros de Pemex en la ASF? ¿Qué le habrán dicho a su anfitrión David Colmenares?

El argumento es eliminar elementos que limitan el sano flujo de divisas (léase remesas o divisas por turismo principalmente), pero también generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado. 

Para ponerlo en palabras más coloquiales de Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta, esta reforma pretende repatriar los dólares a Estados Unidos. 

Pero también que el Banco de México pueda, potestativamente, incorporar los dólares captados a las reservas del país.

Eso podría acarrear sanciones de la GAFI (agencia antilavado), la Fed (banco central de Estados Unidos), o el Tesoro, si observaran en la “panza” del banco central dólares de origen sospechoso. El senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, lo puso en blanco y negro: “pueden convertir al Banco de México en una gran lavadora. Es peligrosísimo…”.

La iniciativa, además, es violatoria de la autonomía del Banxico, consagrada en el artículo 28 de la Constitución, según funcionarios del propio banco central.

A diferencia de lo ocurrido con otros entes del Estado, la pandemia no frenó las actividades del Tribunal. Los “justiciables” —como los llama— ingresaron demandas cuya cuantía alcanzó en el 2020 un valor de 835 millones de pesos.

La nueva versión de juicios en línea —ya opera en 14 salas— del país hizo posible que no se frenara la impartición de justicia, según Anzures.