Balance

No acabamos los mexicanos de reponernos de la sana sacudida del primero de julio cuando ya se ha presentado su más peligrosa secuela: la anulación de los necesarios equilibrios que garantizan la legitimidad y la necesaria contención de los abusos. Ciertamente, Andrés Manuel López Obrador ganó por amplio margen las elecciones de ese primer domingo de julio.

Logró arrastrar a las urnas, con el solo embrujo de su verbo rebelde y apoyado del hartazgo que los mexicanos venían sufriendo del sistema de partidos políticos del país, para hacerse del carro completo que aprendió cuando era priista.

Desbocado en su ambición, el candidato ganador comenzó a ejercer el gobierno sin haberse hecho de él. Ciertamente, no tenía nada qué hacer en la reunión económica de Puerto Vallarta, porque no tiene las credenciales del jefe de Estado.

Pero al mismo tiempo que no ha sido formalmente legitimado, López Obrador no acaba de entender que ya no es un candidato en campaña. Y me temo que no quiere entenderlo.

Su formación y su talante le obligan a estar en campaña constante. Necesita tener frente de sí un rival al qué descalificar y a quién vapulear. El primero fue la alta burocracia, que va a ver menguados sus ingresos.

 No solamente habrá despidos en pos de ahorrar los quinientos mil millones de pesos que el gobierno que viene necesita para sus proyectos prioritarios de infraestructura.

Va a tener que despedir a miles de burócratas que engrosarán las filas del desagradable desempleo. La otra víctima, hasta donde se ha abierto el juego político y administrativo, es el federalismo.

La proclamada intención de desaparecer a todos los delegados de las dependencias federales en los estados para sustituirlos por 32 delegados directos, procónsules del Presidente, es aterradora.

No solamente que la concentración de las funciones hacendarias, de salud, educación, seguridad y tantas otras supera la capacidad de Jesucristo si estuviera disponible el santo varón para hacerse cargo en un solo estado de la nación.

Lo evidente en la maniobra es centralizar el poder en las manos del Presidente que nombrará a sus representantes con el objetivo de nombrar a los sucesores de los gobernadores.

Si a esto sumamos que la aplastante mayoría que las fuerzas de López Obrador van a tener en el Congreso, totalmente dispuesto desde ya a aprobar cuanta reforma legal les sea enviada por el Ejecutivo, nos encontramos, singularmente, sorprendidos conque todo cambió para que todo siga igual. O peor.

El sistema democrático, al que todos decimos aspirar, necesita, necesariamente, un balance, un sólido equilibrio para que ninguno de los tres poderes caiga en la tentación de abusar de su fuerza.

Ya vemos que el legislativo no va a tener ni la voluntad ni la vocación para convertirse en ese peso que brinde equilibrio. Difícilmente, el Poder Judicial, cuyos defectos han sido reconocidos tantas veces, lo podrá hacer.

Solamente nos queda la sociedad civil. La academia, los medios y los ciudadanos, que ya aprendieron que si deciden contener a los que no saben gobernar pueden y saben hacerlo. La luna de miel se está acercando a su fin antes de consumado el matrimonio.