Si Dios me quita la vida

Pocas cosas tienen en común el Negro Durazo y Joaquín Hernández Galicia. La Quina, que yo sepa, no consumía drogas ni se dedicaba al trasiego de ellas. Si bien sus métodos eran más bien ortodoxos en su muy peculiar manera de entender el bienestar de los trabajadores petroleros, jamás llegó al ejercicio cruel de la violencia o al latrocinio organizado. Las dos celebridades compartieron, sin embargo, ocasos en su estrella muy similares.

El general inventado por José López Portillo por sus pistolas y el líder que quiso ser eterno del sindicato petrolero perdieron fortuna, poder y libertad por el delito de posesión de armas reservadas al uso exclusivo del Ejército. El delito, en los tiempos en que fue aplicado a estos dos personajes, ya era un absurdo. Era lógico que quien fuera jefe supremo de todas las policías de la capital de la República tuviera un arsenal en cualquiera de sus casas, incluyendo el ridículo y ostentoso Partenón encima de Zihuatanejo. El miedo no anda en burro y el Negro debía más de una muerte y una ofensa.

Joaquín Hernández Galicia tenía las armas que sus escoltas consideraban necesarias para su eventual defensa: tampoco era hombre sin enemigos, especialmente desde que en su propia cara le dijo a Carlos Salinas de Gortari que él, Salinas, no era el candidato de los trabajadores del petróleo. No fue muy lejos por la respuesta.

Traje esto a cuento porque el torpe, ineficaz, torcido y corrupto nuevo sistema de administración de la justicia en México está hundiendo a nuestro país en los lodos del delito. El ordenamiento legal que mandó a la cárcel y la ignominia al Negro y a La Quina no es delito grave en el nuevo sistema acusatorio que campea en nuestro país. Eso, sin tomar en cuenta la inundación de armamento que desde Estados Unidos llega a armar a los ladrones. El otro día, en Sonora según me informan, un delincuente fue descubierto con un arsenal que incluía una docena de M16 con lanzagranadas, un fusil calibe .50, 16 cubetas llenas de cartuchos hábiles, una ametralladora AK-47, 50 cargadores y 300 tiros calibre .50. El propietario de estos instrumentos de muerte fue liberado: el delito no es grave, como no es grave la portación de armas, según el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Según las mismas reglas, los periódicos tienen que ocultar el rostro de los delincuentes detenidos en flagrancia, protegiendo así a los trasgresores de la ley que desde los tiempos medievales eran expuestos al escarnio del pueblo para que la población pudiera evitar contacto con ellos.

Según las mismas reglas, Fernando Chávez Morado fue condenado a seis años de prisión por violar a una mujer de 25 años en la población de Allende, Nuevo León, el 6 de junio de 2015. Más tardará usted en leer esta columna para que Fernandito sea preliberado, pese a que cuenta con un rico expediente de robo con violencia y visitas a la cárcel, incluyendo una fuga y una benevolente decisión de purgar su condena por robo, en libertad. La madrugada de ese junio, Chávez Morado se metió a la casa de la señora y luego de violarla la amenazó con matarla a ella y también a sus dos hijos menores si lo denunciaba. Lo denunció, lo capturaron y ahora recibe una condena de seis años.

En otro caso, por la estación Tasqueña del Metro de la Ciudad de México, la otra noche una joven fue violada dos veces en la calle. En su resistencia, la víctima mató al agresor. Ahora, ella está acusada de homicidio, aunque la defensa propia —se supone— es uno de los ejes centrales del nuevo sistema penal.

Independientemente de que ni policías ni agentes de Ministerio Público ni jueces han sido capacitados para siquiera entender el nuevo sistema penal acusatorio, parece obvio que está diseñado para proteger a los delincuentes y perseguir a sus víctimas.

Y todavía lo presumen.