Sistema penal acusatorio y seguridad

El sistema penal acusatorio se fundamenta en dos premisas esenciales: el respeto a los derechos humanos y la creación de instituciones sólidas, autónomas, fiables y especializadas que den certidumbre a la población en la procuración y administración de justicia.

La institución del ministerio público y los jueces, además de ser especializados, tienen la obligación de rubricar cada uno de sus actos con imparcialidad de por medio.

Desde el arranque, el 16 de junio de 2016, de un modelo que se caracteriza por incorporar la oralidad, la adversarialidad, la reparación del daño y la solución de controversias a través de medios alternativos en la resolución de los procedimientos penales, este ha venido enfrentando grandes retos y desafíos.

Los avances son innegables, como también lo son los vacíos que llevan a la impunidad. Una de las expresiones más graves de la corrupción es la incapacidad de los responsables de procurar y administrar justicia.

Si bien es cierto que es digno de reconocimiento el desempeño de muchos fiscales y jueces, el tamaño del reproche es de mayor dimensión.

La seguridad pública se ve cotidianamente vulnerada por la impunidad. Los índices de criminalidad son abrumadores y la violencia brutal e innecesaria, incontenible.

Un ejemplo de lo expresado es el desconocimiento del derecho, en sus diversas ramas, en asuntos de carácter penal que, en ocasiones, tienen incidencias o relación con cuestiones civiles o mercantiles. Es decir:  derivan de esas cuestiones, pero debido a la conducta de las personas físicas o morales que en ellas participan o intervienen, exigen amplio conocimiento en estas materias.

Es notoria la falta de especialización de fiscales y juzgadores en materia penal, mismas que intervienen en procedimientos que derivan de asuntos o cuestiones civiles o mercantiles.

El desconocimiento implica que esas cuestiones civiles o mercantiles no sean debidamente aplicadas y/o interpretadas en los procesos de carácter penal, en perjuicio de personas involucradas como imputados o víctimas que, sin ser necesariamente responsables desde la óptica penal, son seriamente afectadas por ese desconocimiento, lo cual les causa daños considerables a ellos mismos y/o a su patrimonio y, lo más importante, pone en riesgo su adecuada defensa y, más aún, su libertad, al no ser debidamente analizados en función de ese desconocimiento que, en muchas ocasiones, no corresponden ni siquiera al ámbito penal.

Es sumamente urgente que dichas autoridades judiciales en materia penal, estén debidamente capacitadas para analizar, no desde el punto de vista de la comisión de un posible delito, sino de acuerdo con la legislación civil y mercantil, desde saber si las conductas que le son sometidas implican sanciones penales o corresponden exclusivamente y precisamente a cuestiones civiles o mercantiles, mismas que deben ser analizadas y, lo que es más importante aún, juzgadas a la luz de la legislación civil y/o mercantil, sin afectar por tal motivo los derechos humanos de los implicados.

Otro ejemplo es la violencia inédita, barbarie insensata e insensible presente en todos los actos criminales que, pareciera, no tienen contención y que afectan mayormente a la juventud, ya sea como sujetos activos o pasivos del delito. En muchas ocasiones la seguridad pública maniatada, doblegada y reducida por una pésima agenda pública nacional que se agrava con la mala integración de carpetas de investigación o de decisiones judiciales.

Apostilla.- Urgente atención exige la violencia en los estadios deportivos, motivo de enorme preocupación. Es menester extirparla a la brevedad para que no sea semillero de mayor violencia ni del aumento en la comisión de delitos de difícil o imposible reparación. Autoridades de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, están a tiempo.