El procedimiento parlamentario, con su técnica de libertad, de discusión y de publicidad, tiende a la realización de un compromiso.
Hans Kelsen
Hemos citado en diversas entregas las opiniones del egregio jurista, sobre todo en cuanto a los derechos de las minorías parlamentarias; es el caso que en la reciente elección, sesgada, se vuelve a imponer la sobrerrepresentación legislativa, creada maliciosamente e interpretada a modo por el partido oficial para imponer su voluntad, en este caso designando consejeros con notoria inclinación partidista.
Lo anterior nuevamente menoscaba la imparcialidad indispensable del árbitro electoral en la toma de decisiones que, al ser presumiblemente tendenciosa, favorecería a ciertos candidatos, además considerando la mancuerna en la ratificación de criterios viciados del INE la mancuerna con el TEPJF que no vacila en ratificar éstos, resulta innegable que se generan incertidumbre y desconfianza en el elector.
Esta situación, a mi juicio antijurídica, provoca ya de antemano una falta de certeza en la iniciativa propuesta recientemente por diputados morenistas que conlleva como propósito fundamental, un ajuste electoral para posponer la elección de jueces y magistrados para 2028.
En lo que se refiere a la iniciativa de reforma judicial de aprobarse le daría un papel protagónico en la elección de juzgadores (nace la duda con la reciente elección de tres consejeros de este instituto, acerca de la imparcialidad del arbitraje), pues su función sería llevar a cabo la convocatoria y la integración de listas, una responsabilidad técnica y logística que concluiría con el cómputo y declaración de validez
La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados contiene puntos que buscan también corregir el mamotreto aprobado, por la nefasta sobrerrepresentación legislativa, de la cual hemos dado cuenta en entregas anteriores, en relación a su deshonesta e ilegal integración, aprobación que dio pie la reforma judicial de 2024.
Es importante no soslayar estas correcciones y aclarar que los ministros de la Suprema Corte de la Nación permanecen en su encargo los periodos por los que fueron electos por la “tómbola” instalada en la Cámara de Senadores en 2025 con la desgracia de que se han normalizado las notorias pifias, de por lo menos dos de su integrantes que se dan en este supremo tribunal continuamente y reconocer que la intervención del ministro presidente ha intentado corregir.
Cabe destacar que se establecerían perfiles e idoneidad, este ajuste responde a los errores de la elección de 2025, perfiles no aptos o con muy baja calidad en sus resoluciones. Se busca robustecer los criterios de selección de candidatos para asegurar que lleguen personas con el perfil jurídico adecuado y evitar la inclinación partidista.
Fortalecimiento institucional. La iniciativa plantea reformar cerca de 10 artículos constitucionales para mejorar los mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial y garantizar una “justicia pronta y expedita”.
Participación ciudadana, bajo el argumento que la pospuesta a 2028 permitiría mejorar la logística para fomentar una mayor participación de la ciudadanía en las urnas.
Propone mejorar la operatividad de la Suprema Corte y los tribunales para desahogar las altas cargas de trabajo acumuladas. En el caso de la Corte regresarían las dos salas.
Se privilegia la experiencia judicial con rigurosos exámenes previos a cualquier candidatura.
El fortalecimiento del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que ha cumplido cabalmente con sus funciones, destaca la experiencia y conocimiento de los magistrada presidenta Celia Maya, Indira Isabel Garcia Pérez y el magistrado Rufino H. León Tovar, figuras centrales en la implementación de la reforma.
Se trata de un reforma reparatoria de la desreforma de 2024, pero que esperamos se fortalezca con una discusión parlamentaria que admita criterios distintos a la aplanadora oficial. Veremos…