Ayotzinapa: la hora de la verdad

Hay ya datos suficientes para asumir, con muy poco margen de error, que los infortunados 43 normalistas de Ayotzinapa están muertos, sus cadáveres incinerados en un basurero y sus cenizas dispersadas en la corriente de un río. Me uno al indescriptible dolor de sus familiares y amigos. Reclamo justo castigo para sus victimarios y lloro por ellos, junto con todos los jóvenes que en México y el mundo alzan su voz de indignación y dolor. Estos muertos se suman a los incontables inocentes sacrificados en esta tierra de la crueldad, elevada a virtud: desde los ofrendados a Huitzilopochtli, hasta los torturados y quemados vivos en la plaza pública por la “Santa” Inquisición, ante morbosas muchedumbres cómplices, pasando por los que mi general Pancho Villa mataba “en caliente”, hasta llegar a los muertos del 2 de octubre de 1968 y a los del 10 de junio de 1970. Hay que agregarlos a los tantos que a diario mueren o viven vidas de muerte, por el hambre y la desnutrición, la miseria y la ignorancia, la ausencia de oportunidades de ocupación productiva y remunerada. Hay que añadirlos a quienes son acosados por esos desalmados cacicazgos de “señores” de la amapola, la mariguana, las rutas de la coca, etc., y sus sicarios; sin olvidar a los responsables que, mediante el terror cotidiano, se apoderan de la tierra y el agua, las hijas y las mujeres de los pobres de un México de pesadilla.

Urge repetir unas cuantas verdades para que la serenidad retorne de a los enardecidos ánimos. Las diré aquí, a riesgo de ser incinerado en la hoguera de leña verde de los savonarolas movidos por las ambiciones de quienes pretenden tomar a sangre y fuego el poder que las urnas les niegan una y otra vez.

Primera verdad: Ayotzinapa no es un crimen de Estado. No hay dato ni evidencia alguna que vincule a semejantes atrocidades con algún órgano legalmente constituido del Estado mexicano. Excepto el gobierno municipal de Iguala, cuyo titular se encuentra ya formalmente preso, al igual que sus presuntos operadores y cómplices.

Segunda verdad: no hubo negligencia de parte del presidente Peña Nieto o sus colaboradores. Respetuosos de la Constitución, así como del pacto federal, esperaron a que las autoridades legalmente constituidas del estado libre y soberano de Guerrero ejercieran sus atribuciones.

Tercera verdad: los 43 estudiantes no fueron sacados con violencia, como inocentes corderitos de los humildes dormitorios de su escuela. ¿Qué hacían en horas de la madrugada a bordo de un autobús secuestrado con violencia y en compañía de sicarios que transportaban amapola y heroína? ¿Eran víctimas o cómplices? Como sea esto, desde luego, no hace menos condenable su desaparición y posible sacrificio, pero sí apunta hacia una red de complicidades imperdonables, construidas desde quién sabe cuándo en torno al tráfico de amapola y heroína, desde las montañas de Guerrero hacia los grandes centros de consumo del mundo: Los Angeles, Miami, Nueva York y Europa. ¿Cómo explicar que las fuerzas armadas presentes en la zona no tuvieran noticia? ¿Que los aparatos de inteligencia del Estado mexicano lo ignorarán? Son preguntas difíciles, pero presumir complicidades requeriría pruebas irrefutables.

No sabemos toda la verdad y es urgente e indispensable saberla. El presidente Peña Nieto se ha manifestado decidido a llevar las investigaciones tan lejos y tan profundo como sea necesario y posible hacerlo. Es hora de que el equipo de comunicadores del Estado mexicano difunda sin reservas estas verdades. Basta ya de repetir perversas mentiras y secundar consignas incendiarias.

                Twitter: @alzati_phd