Urgen cambios en el gabinete

A nadie le conviene un Presidente de la República débil, ni siquiera a la oposición “institucional”. Los que apuestan a su derrumbe están por el salto al vacío y la sinrazón del rumbo de la nación. Es tiempo de dar un verdadero golpe de timón que convenza y que no deje lugar a dudas. Lo primero es que el legislativo nombre a un “Fiscal” probo y reconocido ciudadano, que en un lapso máximo de 60 días hábiles determine quiénes tienen responsabilidades jurídicas y quiénes responsabilidades sólo morales o políticas y qué procede en consecuencia.

En política los tiempos son siempre determinantes. Y en un año electoral, todo lo que ha ocurrido en los últimos meses es una inesperada ganancia para los que quieren ver al Presidente de la República y a su partido llegar a las elecciones debilitados. Sobre todo (excluyamos el efecto Ayotzinapa) los escándalos en torno a presuntos conflictos de interés en la adquisición de casas por parte de la señora Angélica Rivera, del doctor Luis Videgaray y del propio Presidente de la República. No poner en la balanza los daños causados a la credibilidad institucional y a la confianza de millones de mexicanos podría tener costos mucho más altos de los que suponen los promotores del escándalo, no sólo para la imagen del gobierno en turno, sino en términos de abstencionismo, lo que socavaría la legitimidad de las instituciones democráticas en detrimento de la institución presidencial y con riesgos para la soberanía nacional.

Ya el vocero presidencial ha informado que en el caso del Presidente de la República no existe conflicto de interés en virtud de los tiempos de las adquisiciones y porque “el Presidente no es responsable de ellas, además de que, en todo caso, las adjudicaciones de contratos de obra pública se hicieron con ‘estricto’ apego a la ley”. Eso nadie lo pone en duda. 

El fondo del asunto está en el papel que ha jugado el “secretario impasible”, como le llama mi admirado Raymundo Rivapalacio en su publicación de El Financiero del pasado 6 de febrero. El secretario de Comunicaciones y Transportes, quien en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México también fue responsable de asignar contratos a los cuestionados empresarios.

Señala Rivapalacio: “Viejo amigo del Presidente, Ruiz Esparza parece tener licencia para hacer todo, inclusive… afirma que las decisiones presidenciales van contra el interés de la nación, y hasta sugiere... que el Presidente viola la ley… Desde principios del sexenio, el nepotismo empresarial del gobierno peñista ha sido una crítica sostenida, y se concentra en Comunicaciones y Transportes”. No sería aventurado adelantar que una de las conclusiones del Fiscal sería determinar si el actual Presidente de la República, y entonces gobernador, estaba al tanto de todos y cada uno de los contratos que se asignaron y mediante qué procedimiento legal. Recordemos también que en nuestra legislación en materia de “adquisiciones” no existe la figura del “conflicto de interés”.

El golpe de timón debe darse antes de las elecciones. Algunos cambios en el gabinete darían un nuevo rumbo al país. La dimisión de Ruiz Esparza como resultado de la investigación. El relevo del “indispensable”, pero muy gastado Luis Videgaray Caso, quien pudiera ser un espléndido embajador en Washington. En su lugar José Antonio Meade, ya probado en Hacienda, daría continuidad a sus aciertos, en tanto Carlos de Icaza sería un espléndido Canciller. Y para dar un nuevo impulso a la Reforma Educativa, el secretario Chuayffet, quien con su probado talento político supo ponerla en marcha, debería pasar la estafeta al joven e inteligente Aurelio Nuño, para que la lleve a los feudos de la CNTE. Chuayffet merece una temporada en París o el primer lugar en la lista plurinominal del PRI. Lo inaplazable es restablecer y fortalecer la credibilidad, no la popularidad, del presidente Peña Nieto. Sobran los aplausos.

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