En casi ocho años de la llamada Cuarta Transformación, el manto de la impunidad sigue cubriendo a los propios con la misma eficacia que tanto le criticaron al pasado. No, querido lector, no se trata de una exageración de la oposición, hablamos de investigaciones oficiales, auditorías públicas y denuncias penales por corrupción, nepotismo, conflictos de interés y contrataciones a modo que han salpicado a funcionarios y a personajes muy cercanos al poder.
Para acallar la indignación pública se anuncian investigaciones, se detiene a subordinados de medio nivel, se separa temporalmente a mandos operativos o se le echa la culpa al chofer; pero de sentencias firmes o de tocar a los verdaderos responsables políticos de mayor jerarquía, ni hablamos.
¿Por qué niegan lo evidente? ¿Por qué seguimos echándole la culpa a Hernán Cortés? (sí, sí es ironía). ¿Se creen sus enredos?
Pretender ligar automáticamente todo mal con el fantasma del PRI no sólo es demagogia; a estas alturas resulta ridículo o, peor aún, un tiro por la culata que termina llenando de lodo a los propios fundadores y militantes de Morena que se formaron en ese mismo partido (ya saben quién).
Mientras tanto, los expedientes están ahí sin resolverse, acumulando polvo en las fiscalías y en las salas judiciales. Recordemos el caso de Segalmex, el organismo creado para garantizar el alimento a los más pobres y encabezado por Ignacio Ovalle. Las investigaciones revelaron desvíos multimillonarios que involucraron a exfuncionarios; hubo órdenes de aprehensión y coberturas mediáticas, pero el caso continúa sin una sola sentencia definitiva.
Lo mismo ocurrió en Birmex; tras detectarse presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la separación de seis funcionarios en abril del año pasado. Se reportaron al menos 13 investigaciones abiertas, pero hasta la fecha no hay ninguna declaración de culpabilidad.
El huachicol fiscal también alcanzó las estructuras del movimiento de la transformación. En marzo de 2025 se aseguraron cerca de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas. Entre los mandos capturados están Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, pero no existe una sola indagatoria contra el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien resulta ser su tío político.
En la Conade, durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, entre 2019 y 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso cinco denuncias penales ante la FGR por inconsistencias en las cuentas públicas. Tampoco hay detenidos.
La historia se repite en las obras emblemáticas. En el Tren Maya, la ASF identificó pagos a sobreprecio, anticipos no justificados, conceptos sin documentación y deficiencias graves en la supervisión contractual. Pese a existir al menos cinco denuncias penales contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectores de Fonatur, la FGR mantiene congeladas las carpetas argumentando que siguen en fase de “integración técnica”.
En la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, el presupuesto original de 8 mil millones de dólares se disparó a más de 20 mil millones. Existen al menos 35 denuncias interpuestas contra la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, pero ni una sola ha sido judicializada.
A la lista se suman los videos de Pío López Obrador recibiendo sobres con efectivo para presuntas aportaciones políticas. La resolución de la autoridad electoral —encabezada por Guadalupe Taddei— determinó en agosto de 2025 que no había elementos suficientes para acreditar que el dinero benefició al partido oficial.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y solicitó la detención con fines de extradición, pero las autoridades mexicanas respondieron que no había pruebas para actuar en su contra.
En Tabasco, tras la detención de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad relacionado con grupos criminales—, las 37 denuncias penales presentadas contra el exgobernador Adán Augusto López Hernández terminaron archivadas.
Y por si faltara un sello a este escenario de indulgencia selectiva, llegó la exoneración del excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por la tragedia de 2023 en Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes encerrados bajo llave durante un incendio. La figura aplicada fue la extinción de la acción penal tras pagar indemnizaciones y ofrecer una disculpa pública. Asunto concluido para la autoridad.
Frente a esta cadena de impunidades, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y los malabares en Palacio Nacional para ligar al contratista con funcionarios de hace 27 años revelan la intención de desviar la atención. ¿Dónde está Taddei?
Cierro con la reflexión del periodista Ciro Gómez Leyva: “No sabemos qué hizo Taddei cuando era adolescente, si se quedó con el dinero de una kermés… lo que sí sabemos es que en los años al frente del INE se vivió una enorme corrupción y que esto ocurrió bajo el cobijo de Morena”.