Compromisos

“Nada sobre nosotros sin nosotros”. Éste es lema del movimiento mundial por los derechos de las personas con discapacidad y en él se condensan los principios de participación, representación e inclusión. Diciembre, además de los festejos guadalupanos y navideños, nos da la oportunidad de visibilizar los derechos y compromisos pendientes que el Estado mexicano tiene con las personas con discapacidad.Ese lema, “Nada sobre nosotros sin nosotros”, subraya la importancia de que las personas con discapacidad sean protagonistas en la toma de decisiones sobre sus vidas. Y una de las prioridades de la agenda mundial acerca de  discapacidad es promover el liderazgo y la participación activa de las personas con discapacidad (PCD).

La ONU considera que en las últimas décadas, estas personas y las organizaciones que los representan han impulsado cambios clave en sus comunidades, han llevado a cabo iniciativas que no sólo promueven sus derechos y bienestar, sino que también fomentan el desarrollo inclusivo. Esto incluye garantizar el acceso universal a servicios básicos mediante enfoques específicos y transversales, a través de actividades como consultas, recopilación y análisis de datos, así como apoyo a los esfuerzos de promoción y rendición de cuentas.

Y un ejemplo de ello es Yo también, la asociación civil fundada por Katia D’Artigues y Bárbara Anderson, que promueve la inclusión, difunde información y visibiliza todos los asuntos relacionados con la discapacidad. El lunes pasado, Katia D’Artigues entregó a la Presidenta 20 propuestas para incorporar a las PCD en su gobierno, que salieron de la revisión de los compromisos hechos por Claudia Sheinbaum cuando era candidata y que dejó por escrito al responder un cuestionario que le hizo #YoTambiénVoto2024. La Presidenta se comprometió a robustecer el Sistema Nacional de Cuidados, a fin de contribuir a la construcción de un modelo de bienestar colectivo que cuide de todos y todas. Este sistema no sólo se enfocará en los cuidados paliativos, sino también en  tres etapas de prevención, que incluyen: programas de educación y concientización; diagnósticos tempranos, a través del tamizaje, así como tratamientos oportunos para evitar la progresión de discapacidades existentes; y rehabilitación. Otro de los compromisos fue generar nuevas acciones a favor del cumplimiento de los derechos de las PCD, a través de ajustes razonables diferenciados para cada tipo de discapacidad en áreas como lo jurídico, educativo, cultural y económico.

Dijo que “promovería” una educación incluyente desde el nivel básico hasta el superior, y que garantizaría la disponibilidad de materiales educativos adecuados para personas con discapacidad. Recordamos estos compromisos porque se requieren recursos públicos y la Cámara de Diputados está en la revisión del Presupuesto de Egresos, y el proyecto se queda corto en todos los rubros. En materia de educación, el presupuesto destinado para el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), aumentó nominalmente 1.56% en relación con 2024, con una cifra de 772 millones 596 mil 064 pesos, pero en materia inflacionaria con una proyección de 3.5 puntos, en realidad se trata de una pérdida de 1.94%, equivalente a 14 millones 757 mil pesos en términos reales. Este programa de educación básica atiende tanto a personas con discapacidad como a aquellas con aptitudes sobresalientes, y se encarga de incluir a docentes capacitados en las escuelas regulares a través de las USAER.

Está disminución presupuestal se da en el marco de la inexistencia de materiales adaptados para personas con discapacidad, particularmente los relacionadas con la visión, que son el único grupo al que la SEP ha atendido con libros de texto gratuitos en Braille y macrotipo. Para la educación media superior se proyecta el mismo presupuesto que el año pasado para la Atención de Planteles Públicos con Estudiantes con Discapacidad (PAPPEMS): 29 millones 879 mil 397 pesos. Tomando en cuenta la inflación, significa una pérdida real de un millón 045 mil 778 pesos.

En materia de salud, al programa de Atención a Personas con Discapacidad, adscrito al concepto general de “salud”, se contemplan 42 millones 648 mil 553 pesos, un aumento nominal de 3.85% en relación con el presupuesto de 2024, cuando el monto se ubicó en 41 millones 102 mil pesos. Al tomar en cuenta la inflación, el incremento en términos reales se reduce a 0.35%. Al gobierno federal, ¿le alcanzarán los recursos para cumplir con sus compromisos?