Legislar

Crear, establecer, reformar y derogar leyes son las funciones sustantivas de los legisladores. Dicho en estos términos, resulta una obviedad. Algunos escándalos recientes que involucran al Congreso demuestran que no lo es tanto, al menos para quienes integran este poder.

La imagen que buena parte de la ciudadanía tiene de los legisladores no es buena, entre otras cosas, porque se desconoce cuál es su principal responsabilidad. Se les ubica públicamente por las fotografías en las que se les retrata bostezando y jugando con sus iPad, por ostentar su influyentismo y despacharse con la cuchara grande mediante la asignación de sueldos generosos y viajes injustificados, así como por cargar buena parte de sus gastos personales al erario.

Y otra buena parte de la imagen que proyectan los legisladores es la de ser una especie de todólogos que quieren resolver cuanto problema aqueje al país. Ya en anteriores legislaturas abundaron las comisiones especiales cuya utilidad era básicamente nula pero que les servían de vehículo de promoción personal. ¿Se acuerda de las comisiones especiales de seguimiento a los casos Colosio, Ruiz Massieu, Conasupo y cuanto escándalo surgiera? Desde un punto de vista práctico, no sirvieron para nada, salvo para alimentar a una prensa ávida de sus declaraciones escandalosas.

Y un aspecto que tampoco es sustantivo pero que a los legisladores les gusta proyectar es el de gestores para solucionar los problemas de sus electores, entendible si se toma en cuenta que ocupan una curul o un escaño gracias al voto de éstos… ah, perdón, olvidaba que buena parte de ellos son plurinominales, lo que en sentido estricto no los vincula con alguna población en específico. Pero no importa, mientras funcione para promover sus carreras políticas y les permita saltar de una cámara a otra y, si se puede, a la gubernatura de su estado.

A este propósito corresponde la bolsa de cinco mil millones de pesos, incluida en el decreto de presupuesto para 2014, para que los 500 diputados federales realicen obras en sus respectivas comunidades. Diez millones de pesos para cada uno. Loable propósito para los 300 que fueron elegidos en sus distritos, pero ¿cómo se determina a qué comunidades representarán los 200 que llegaron al Congreso por el principio de representación proporcional?

Pero la claridad y la transparencia no son precisamente el fuerte de los políticos, y tal como dio a conocer Excélsior en su edición del sábado 16 de noviembre, la distribución de esta partida se realiza de manera discrecional, según lo determinen cada uno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias. En el mejor de los casos, como explicó el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, se consulta con el presidente municipal a qué obras se asignarán los fondos de esa bolsa.

“El dinero va al estado, del estado al municipio y ahí lo aplica el presidente municipal, a través de un concurso o por asignación directa”, explicó el legislador, quien apuntó que estos recursos se destinan a obras de infraestructura: “no lo puedes asignar a una asociación civil para cultura”.

Ojalá así fuera. El caso es que no hay manera de comprobarlo, porque este manejo es completamente opaco. Ni siquiera se sabe a dónde se destinó o cómo se distribuyó esta misma bolsa el año pasado. Que luego los legisladores no se pregunten por qué cobran fuerza versiones como la circulada en estos días sobre la presunta extorsión ejercida por diputados que exigen dinero a alcaldes para acelerar la entrega de fondos federales, y que ha tenido contra las cuerdas al coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal. No importa si es cierto o no el fondo de la denuncia o si ésta obedezca a una grilla interna en el contexto de la sucesión de la dirigencia del PAN: la conducta previa de los congresistas ha propiciado que la opinión pública tienda a creer a priori que son culpables. Ni siquiera se les concede el beneficio de la duda.

Y si el prejuicio incita a pensar que detrás de este manejo poco claro de recursos hay dolo, inquieta aún más que en este afán de supuestamente atender a los reclamos sociales, los congresistas actúen con ingenuidad. Es lo menos que puede decirse tras destaparse el escándalo de que presuntos integrantes de la mafia michoacana conocida como Los Caballeros Templarios se reunieron con senadores en el interior de la mismísima sede camaral, un encuentro que ocurrió el 17 de octubre pero que se conoció esta semana porque así lo denunció la senadora panista Luisa María Calderón.

La espléndida reconstrucción de estos hechos publicada el pasado viernes en nuestras páginas por la reportera Leticia Robles, revela cómo aquel día un grupo de 400 personas llegó a la sede del Senado para pedir la intervención de legisladores para restituir la seguridad en Michoacán, y de la facilidad con que éstos, estando en plena sesión, accedieron a recibir a una comisión de manifestantes, en la cual hay nombres de personas de las que se presumen vínculos con el crimen organizado y que entraron a la sede legislativa registrándose con su credencial de elector.

Más allá de si el Congreso debiera revisar y endurecer sus protocolos de seguridad, y de si la autoridad confirma que los “inconformes” que fueron recibidos en el Senado son en realidad peligrosos delincuentes, una primera reflexión debiera cruzar por la mente de los congresistas: su forma de arreglar el mundo es legislar, no convertirse en mesa de recepción de quejas. Les convendría a ellos, y sobre todo al país, que se enfocaran en lo que realmente les corresponde.

                Twitter: @Fabiguarneros