El Ejército ha sido uno de los pilares en la construcción del Estado y de la nación, la defensa de la población civil, el territorio y la soberanía, ante las intervenciones y agresiones extranjeras, y ante los peligros actuales, resulta vital para la existencia de México, su gobierno, instituciones, democracia, desarrollo y paz social. En el marco jurídico actual queda establecido que el Ejecutivo federal dispondrá del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para preservar la soberanía e independencia, la seguridad nacional e interior y la defensa exterior frente a las amenazas y riesgos que enfrente el país. Es una de las instituciones más reconocidas por su probada lealtad y disciplina al poder civil, por su generosa y eficaz labor en el auxilio a la población afectada por desastres (Plan DN-III-E, misiones humanitarias y campañas de servicio comunitario) y, de unas décadas a la fecha, por su participación en el combate al crimen organizado.

Ante la incapacidad de las fuerzas policiales para derrotar a los cárteles del narcotráfico (principal fuente de militarismo y violencia), al Ejército le encomendaron colaborar en ello, lo cual ha cumplido con eficacia y valentía, con importantes logros (el 99% de los plantíos de amapola destruidos, el 64% de las armas aseguradas, etcétera), aunque con elevados costos y fuertes implicaciones. En el periodo 2007-2017 se reportaron tres mil 916 ataques armados de la delincuencia organizada; 528 militares muertos, mil 43 heridos, 242 desapariciones, 47 mil deserciones. Además, existe una situación de indefensión jurídica para los militares (que la Ley de Seguridad Interior pretende subsanar), algunos de ellos han sido acusados de graves violaciones a los derechos humanos, y se critica que su “militarismo” no ha funcionado para frenar a los narcos, cuyos derechos suelen defenderse más que los de sus víctimas. Esta grave problemática y la propia institucionalidad del Ejército lo hacen vulnerable a insidias y ataques político-electorales.

Concretamente de AMLO, a quien no le han importado las bajas militares ni el drama de las familias de aquellos que han muerto, desaparecido o están heridos por cumplir con su deber, trata de lucrar electoralmente con la violencia y los cuestionamientos al Ejército. Así, propone crear una Guardia Nacional (y desaparecer al Estado Mayor Presidencial) “para que no haya tortura ni masacres y que no se violen los derechos humanos”, y amnistiar a los narcos y otros delincuentes “para pacificar el país” (las candidaturas de Napoleón Gómez Urrutia y Nestora Salgado ejemplifican el perdón que intenta). No menos inviable (aunque por otras razones) es su ocurrencia de ampliar la base militar de Santa Lucía como alternativa al nuevo aeropuerto. Dicha instalación permite a la Fuerza Aérea la aplicación del Plan DN-III, la realización de misiones de adiestramiento aéreo y operaciones de apoyo para la seguridad pública.

Como el objetivo de AMLO no es fortalecer las Fuerzas Armadas (ni siquiera las ha consultado sobre sus propuestas), sino, por el contrario, dividirlas, debilitarlas o neutralizarlas, a fin de que no sean obstáculos para sus objetivos políticos. Por ejemplo, la Guardia Nacional sería un instrumento armado a su completo servicio, por si se requiere dar un “fujimorazo” al Congreso y/o reprimir a opositores…

La creciente violencia del crimen organizado es la gran amenaza para el Ejército, pero también corre riesgo con AMLO, quien lo hace rehén de sus planes políticos y pactos vergonzantes.

ENTRETELONES

Justicia para Héctor González y a todos los periodistas asesinados.

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