Políticos de todos los colores y, recientemente, los populistas, se han distinguido por “devorarse a sí mismos”, sobre todo cuando luchan por el poder absoluto y por perpetuarse en él. Así, en Ecuador, la semana pasada la justicia ecuatoriana dictó orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, quien incumplió la medida cautelar por su conexión en el fallido secuestro del exlegislador Fernando Balda, y se emitió una alerta roja ante la Interpol para capturarlo y extraditarlo de Bélgica. Correa negó su participación en el rapto y denunció que la demanda es parte de una persecución política en su contra para evitar que retorne al poder.

Correa llegó a la Presidencia en 2007 con la bandera de una “revolución ciudadana” para un “cambio radical y profundo”, y se reeligió hasta el 2017. Durante su mandato se aprobó una nueva Constitución (2008), en la que se incluyen novedades como los “derechos del buen vivir”, y otros aspectos, que actualmente adquieren trascendencia, por ejemplo, la reelección presidencial por una sola vez (en el 2015, una enmienda la hizo indefinida), y que la Asamblea Nacional (AN) podrá enjuiciar políticamente al Presidente y al vicepresidente por “delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia”. La AN podrá destituir al Presidente “por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente” y “por grave crisis política y conmoción interna”.

Con el correísmo Ecuador siguió una ruta autoritaria, estatista, proteccionista, asistencialista y bolivariana. Se gozó de un periodo de estabilidad política, crecimiento económico y desarrollo social. Sin embargo, los ingresos petroleros se dilapidaron (por ejemplo, en obras faraónicas e inconclusas), y cuando éstos cayeron, también la inversión pública y el crecimiento (no así el endeudamiento público ni las corruptelas), y ante la inminente crisis (aunado al escándalo de corrupción de Odebrecht, que ya alcanzó a quien fue vicepresidente, Jorge Glas, sentenciado a seis años), Correa optó por no buscar la reelección, y esperar un mejor momento (en el 2016 estalló la recesión) para retornar al poder (2021). En mayo de 2017, Lenin Moreno ganó los comicios, y aun cuando también fue vicepresidente del caudillo, no se convirtió en su títere. Por el contrario, las diferencias entre ambos se han ahondado, e incluso, el partido Alianza País, controlado por correístas, quienes intentaron infructuosamente cesar a Moreno de su liderazgo, al calificarlo como “enemigo de la revolución ciudadana”, y anunciaron el regreso de Correa, quien recibió la solidaridad de Maduro y Morales (con Moreno Ecuador se ha alejado del bloque bolivariano).

Ante ello, y pese a la férrea oposición de los correístas, en febrero pasado se realizó una consulta popular que eliminó la reelección indefinida (Moreno la considera una “dictadura disfrazada de democracia”) y se retornó al texto de la Carta Magna original, de permitir sólo un periodo adicional, cerrando la posibilidad de que el caudillo se presente a los próximos comicios.

Correa será deportado y engrosará la lista de exmandatarios latinoamericanos que son encarcelados. En este aspecto, México sigue a la zaga en América Latina, al igual que en desarrollo político, pues mientras que en la región el populismo está en retroceso (por sus fracasos y tendencias dictatoriales), aquí el electorado lo respaldó. Nadie aprende en cabeza ajena.

ENTRETELONES

Habrá “fiscal carnal”, y seguirá la impunidad.

                Twitter: @evillarrealr