La Cumbre de Quito, de la semana pasada, concluyó con una declaración de intenciones, firmada por once (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) de las 13 naciones asistentes, que expresa “la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, la lucha contra la xenofobia, pero también “darle seguridad y confort a la comunidad de acogida”. Reitera “la preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva” y exhorta al gobierno de Maduro “para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales” y “a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación”. Se convoca a una nueva reunión en Quito (noviembre) para dar seguimiento de lo acordado.

Conforme empeora la situación de Venezuela (para este año se pronostica una hiperinflación de un millón por ciento), se intensifica la salida hacia las naciones vecinas, exportándoles de este modo su catástrofe económica y social y desestabilizando al subcontinente. Actualmente, la diáspora venezolana llega a los 2.3 millones (siete de cada cien), de los cuales, un millón se encuentran en Colombia, y más de 400 mil en Perú, lo que ha generado una crisis humanitaria regional sin precedentes, que ha rebasado a los países involucrados (obligados a reforzar los controles fronterizos y declarar el estado de emergencia), la atención y los servicios que proporcionan a refugiados y residentes, y que puede provocar una crisis social (epidemias, carestía, inseguridad, etcétera) o agravarla en el caso, por ejemplo, de los municipios fronterizos colombianos, que sufren el flagelo del crimen organizado y la violencia.

Justamente, la reunión de Quito fue una respuesta coordinada del Grupo de Lima para enfrentar esta grave problemática, ante la ineficacia de la OEA (que también ha fracasado para encontrar una salida negociada a la crisis política venezolana), no se diga de las instituciones bolivarianas, el Alba, la Celac y Unasur, concretamente, que son comparsas del régimen de Maduro e inútiles para resolver la crisis migratoria u otras situaciones críticas que se han presentado. Además, el hecho de que Bolivia, asistente al encuentro, no firmara la declaratoria confirmó el aislamiento, la división y el debilitamiento del populismo sudamericano.

Así, en julio, el gobierno de Lenín Moreno solicitó el edificio que ocupa Unasur en la capital ecuatoriana para convertirlo en sede de la universidad indígena, y criticó que el citado organismo “no está funcionando por la falta de consenso de los países que la componen, provocando que la mitad de ellos la abandonen”, en referencia a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En agosto, Moreno criticó la política irresponsable de Maduro y anunció que se retirará del Alba como medida de presión a Venezuela para forzarla a que resuelva la crisis interna, origen de la fuga masiva de sus ciudadanos (miles de ellos a Ecuador) por una vía democrática. Quedó clara la ruptura de Moreno con su antiguo aliado, y su acercamiento al Grupo de Lima, cuyo activismo ha sido importante para demostrar el carácter anacrónico de la doctrina de no intervención, ya que equivale a lavarse las manos de los problemas internacionales, y a ser cómplice de dictaduras como la de Maduro, que están desestabilizando a la región.

ENTRETELONES

Detrás de la violencia está la lucha por la rectoría de la UNAM.

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