Este año se conmemoran 90 años de la “ley de autonomía limitada”, 86 de la “autonomía absoluta”, 75 de la actual ley orgánica de la UNAM y 39 de ser elevada a rango constitucional. Ahora, que los organismos autónomos del Estado se encuentran en tela de juicio, y que los legisladores se comprometieron a corregir el “error” de suprimir la autonomía universitaria de su proyecto de reforma constitucional, cobra mayor relevancia destacar el valor de aquella.

Entre 1929 y 1944 fue un periodo muy convulso (rencillas cristeras, rebeliones militares, violentos fraudes electorales, etcétera), incluso para la relación entre el Estado y la Universidad Nacional. Para la clase política posrevolucionaria, la educación superior no era prioritaria, la universidad era un “baluarte clerical” (reacia a la política educativa gubernamental), y su carácter subsidiado le impedía ser autónoma. Sin embargo, en el 29 se creó una coyuntura favorable para la autonomía, cuando el presidente Emilio Portes Gil enfrentó el conflicto cristero, la rebelión escobarista, la candidatura de José Vasconcelos, y ante una huelga universitaria (liderada por Alejandro Gómez Arias), que se complicaba, el gobierno reconoció una ley  de “autonomía limitada”: fijó una autonomía académica y administrativa, y un subsidio anual, pero a cambio otorgó al Ejecutivo la atribución de presentar una terna para rector, vetar resoluciones del Consejo Universitario, vigilar el manejo de fondos…

Esta ley fue una fórmula provisional del gobierno para mantener vigilada a la universidad mientras se deshacía de ella, ya que no entraba en sus planes. La campaña proeducación socialista para incorporarla en el tercero constitucional, el intento lombardista por hacer del marxismo la doctrina oficial de la casa de estudios y el fuerte rechazo universitario a ello, derivaron en renuncias de prominentes profesores (entre ellos, Antonio Caso, Mariano Azuela, Manuel Gómez Morin y Daniel Cosío Villegas), violencia y otra huelga universitaria en 1933. Una nueva ley concedió la “autonomía absoluta” para acabar con los conflictos universitarios, dejarlos a sus propias fuerzas y que “murieran de inanición”. Así, se convirtió en la Universidad Autónoma de México (perdió su carácter oficial y nacional), obtuvo plenas facultades académicas y de gobierno, y un fondo único de 10 millones de pesos (que no alcanzaría ni para el primer año de funcionamiento). Durante una década, la institución sufrió de penuria económica, hiperpolitización, conflictos internos y con el Estado, haciéndola ingobernable.

La bancarrota financiera y la recurrente crisis política obligaron a cesar actividades. Empero, después de una tregua con el gobierno cardenista, logró superar sucesivas crisis, aunque todavía en 1944 sufrió una situación crítica, que obligó a un Consejo Constituyente designar a un nuevo rector, Alfonso Caso, y se redactó la actual ley orgánica que rige a la UNAM, y que ha normalizado la vida institucional.

Pero los turbulentos años sesenta y setenta de nuevo amenazaron la autonomía, especialmente por la represión de la Federación y los gobiernos estatales hacia los universitarios.

Con la apertura política y la elevación de la autonomía a rango constitucional se pretendió cerrar las heridas del 68 (y otros agravios), establecer una relación constructiva con una institución que es vital, no sólo por su función educativa, científica y humanística, sino también por ser una instancia libre, plural y crítica, indispensable contrapeso al autoritarismo.

ENTRETELONES

La autonomía no puede ser coartada para encubrir corruptelas y privilegios.

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