Alberto Fujimori llegó a la Presidencia peruana en 1990 por la vía electoral, pero dos años después, ante el rechazo parlamentario para darle amplios poderes en materia económica y para la lucha antiterrorista, disolvió el Congreso y suspendió al Poder Judicial, arguyendo que ambos poderes obstaculizaban “el cambio y el progreso”. A este episodio se le conoció como el fujimorazo, que le permitió promulgar una nueva Constitución en 1993 (que dio más atribuciones al Presidente), y gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas pudo llevar su programa de gobierno. Fujimori había prometido respetar el orden constitucional y democrático, pero de modo autoritario refundó los poderes del Estado, y con un alto costo en materia de derechos humanos.

Pese a que Fujimori fue juzgado por sus crímenes, su metodología golpista sentó precedente y fue aplicada en Venezuela por Hugo Chávez, si bien con importantes variantes, sobre todo, por el rumbo socialista que le dio a su país. En México, el proyecto de nación de AMLO crea el riesgo de un fujimorazo si llegara a la Presidencia y para seguir una senda similar a la chavista.

Al registrarse como precandidato de Morena para la primera magistratura, el tabasqueño anunció un decálogo que precisa lo estipulado en su proyecto de nación, y al igual que éste, no se encuentran exentas propuestas demagógicas y de contradicciones. El primer punto plantea que “se aplicará al pie de la letra el criterio de que, al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”, lo que él mismo cancela cuando en el punto 9 afirma que “se dejará sin efecto la Reforma Educativa”, esto es, de un plumazo dejará de aplicar la Carta Magna y el marco legal-institucional que se deriva de la misma, y que actualmente se aplica exitosamente, pero, claro, para el dueño de Morena son prioritarios los compromisos con la CNTE… Además, no sólo dejaría de incumplir la Constitución en este caso, sino también lo hará si suspendiera la Reforma Energética, con costosas implicaciones económicas, financieras y hasta judiciales, dado el sinnúmero de demandas de empresas e inversionistas afectados. Es evidente que AMLO deberá modificar el texto constitucional para abolir dichas reformas, sin olvidar que estas acciones serían un retroceso al pasado estatista, ineficiente, corporativista y corrupto.

También, resulta inconstitucional la mudanza de secretarías de Estado a diversas entidades federativas, es administrativamente inoperante, y no respeta el federalismo ni los derechos de los trabajadores. El despilfarro que conllevaría la delirante ocurrencia de otorgar 3 mil 600 pesos mensuales (un costo de 900 mil millones de pesos al año) no se podría hacer (ni su proyecto de gobierno), simplemente, según dice el de Macuspana, “con ahorros del combate a la corrupción y suprimirse gastos fructuarios”, y “sin aumentar los impuestos ni deuda pública”. Deberá incrementar indiscriminadamente el gasto público, al grado de sacrificar la estabilidad macroeconómica y la autonomía del Banco de México, lo que, asimismo, lo obligaría a reformar la Carta Magna.

Ante la imposibilidad de reformar la Constitución por la vía parlamentaria, ya que no tendría el respaldo político indispensable, AMLO daría un fujimorazo, lo que explica su propuesta de “integrar a todas las corporaciones militares y policiacas en una Guardia Nacional con Mando Único”: requiere transformar a las fuerzas armadas en una leal guardia pretoriana para dar un autogolpe, promulgar una nueva Constitución y perpetuarse en el poder como Maduro.

ENTRETELONES

Lo fujimoristas regresaron a las andanzas golpistas