Venezuela: situación límite

No habían pasado ni dos días desde que uno de los principales asesores de AMLO, John Ackerman, había publicado que “Venezuela es mucho más democrático y respetuoso a los derechos humanos que México”, y de que en ese país “existe una vigorosa separación de poderes”, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que asumirá las competencias del Congreso, “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de sus actuaciones”.

Ante la presión nacional e internacional, a los pocos días, el TSJ aparentemente dio marcha atrás en sus anticonstitucionales sentencias, pero sigue abierta la posibilidad del cierre de la Asamblea Nacional (AN) y de represalias contra los legisladores. En respuesta, la AN activó el procedimiento para remover a los magistrados que se han prestado al proceso golpista, iniciado con las elecciones fraudulentas de 2013, que llevó al poder a Nicolás Maduro.

Pese a la represión gubernamental, el derrumbe total del país (91 homicidios por cada 100 mil, inflación de más de 1660%, 80% de pobreza, carestía y hambruna generalizadas) ha fortalecido a la oposición e intensificado las protestas. La Mesa de la Unidad Democrática ganó la Asamblea Nacional, aunque lejos de una transición democrática, Maduro se dedicó a sabotearla desde el primer día, provocando el choque de poderes, mayores tensiones y conflictos. Ha utilizado al Tribunal Supremo para: impedir que juramentaran tres diputados opositores (evitar que la oposición tuviera la mayoría calificada); limitar la inmunidad de los legisladores (abrir la posibilidad de llevar a juicio a los diputados opositores); declarar inconstitucional el respaldo de la Asamblea Nacional a la OEA para que se aplique a Venezuela la Carta Democrática Interamericana y, en general, emitir sentencias contra leyes y acuerdos legislativos, declarando a la Asamblea en desacato…

Después de prevalecer la parálisis, finalmente la OEA tomó cartas en el asunto. Con anterioridad a la última acción golpista, 14 países (entre ellos México) exhortaron al restablecimiento de la normalidad democrática e incluso discutieron lo propuesto por Luis Almagro, su secretario general, suspender a Venezuela si no realiza elecciones a la brevedad, y quien también denunció el golpe de Estado, y convocó al Consejo Permanente de la OEA. El lunes pasado, este organismo aprobó una declaración en la que se exige al gobierno de Maduro restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional y del orden democrático. Asimismo, 22 expresidentes de España y de Latinoamérica se han sumado a estas iniciativas.

Son acciones importantes, pero la gravedad de la crisis venezolana requiere de mayor presión internacional: la expulsión de Venezuela de la OEA y del Mercosur; la ruptura de relaciones; la aplicación de sanciones económicas; el respaldo a la denuncia de Lilian Tintori en la Corte Penal Internacional contra Maduro por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad…

El factor que puede romper el “equilibrio” entre la fuerza represiva gubernamental y la protesta opositora es el ejército. Desde que Hugo Chávez libró el golpe de Estado, para los chavistas resultó fundamental el control de las fuerzas armadas (vía corrupción, ascensos, narcotráfico) y, hasta ahora, éstas les han guardado fidelidad. Será deber de una oficialidad patriótica y democrática (que siempre existe) evitar un baño de sangre y, sobre todo, participar en la caída del dictador y en el rescate de Venezuela de la catástrofe que sufre, y que la tiene en una situación límite.

ENTRETELONES

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