Resultados pobres

Cada vez que algún organismo autónomo, o casi autónomo, publica su informe anual se arma un revuelo en los medios de comunicación, la mayoría de las veces destacando los aspectos más negativos y convirtiendo dichos informes prácticamente en nota roja. Sin embargo, pasan algunos días, quizá una o dos semanas, y las cosas supuestamente vuelven a su cauce y se olvida o dejan de aparecer más menciones sobre el tema.

Recientemente hemos leído el informe sobre la Cuenta Pública a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y hace unos días el informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ambos casos, este gobierno sale muy mal parado y la conclusión de muchos es que poco se hizo en el combate a la corrupción y la protección de los derechos humanos.

Había muchas esperanzas de que esto no fuera así, pero los hechos y la realidad derrotaron a esta administración pública y, lo que es peor, innecesariamente se puso en una situación crítica a miles de mexicanos, además del enojo de millones de compatriotas, lo que se verá reflejado en las elecciones del próximo primero de julio.

Ahora ha aparecido el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que se vio modificado con una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que se aprobó en la Cámara de Diputados, para limitar su independencia.

Dicho documento contiene muy buena información y, sobre todo, hace algunas propuestas en sus conclusiones que ameritarían la consideración de los diversos partidos políticos e incluso de los actuales diputados y senadores.

Algunas de las observaciones más importantes se refieren a que en los últimos 25 años el crecimiento del ingreso de la gran mayoría de los hogares ha sido lento y que la recuperación del mismo que hubo en el bienio 2014-2016 fue borrada por la inflación de 2017, y yo agregaría la de este año.

Oaxaca y Guerrero son los estados con el mayor número de pobres: 70.4% y 64.4% de población, respectivamente. Por otro lado, Nuevo León presenta el porcentaje más bajo a nivel nacional, 14.2 por ciento. Las zonas rurales tienen, como es histórico, la mayor incidencia de pobreza.

El informe considera que hay que pasar de la planeación sectorial a una planeación enfocada al cumplimiento de los derechos sociales garantizados en nuestra Constitución.

Un tema central se refiere a la inmensa dispersión de programas dedicados al combate a la pobreza en los tres niveles gubernamentales: han identificado seis mil 488. No creo que haya país en el mundo que tenga tal número de programas y acciones y cuyos resultados sean tan pobres para los pobres.

Más que ampliar los programas existentes y focalizarlos mejor, como se menciona en el documento, creo que hay que reducirlos y concentrarlos y en paralelo entrar de lleno con lo que se conoce con el nombre de Renta Básica Ciudadana, mencionada en el informe y que dicen que sería una transferencia monetaria a la población como estrategia de no exclusión de la población pobre.

Si nos ponemos a considerar el gasto y la burocracia que significa administrar más de seis mil 450 programas que podrían ser sustituidos por muchísimos menos, y tomar como eje central al Ingreso Ciudadano Universal o como le quieran llamar, cabe preguntarse por qué no se hace. En parte se debe a que todos los miles de programas son clientelares.

Ahora que el candidato del PAN lo plantea, gracias a su asesor oportunista, habría que preguntarle por qué su partido se ha negado a considerar las propuestas que hay sobre el tema en la Cámara de Diputados desde hace tiempo y de pronto está convencido de que es una buena propuesta. También habría que decirle que no es nada original ni aquí ni en el resto del mundo; lleva años discutiéndose en grupos académicos y parlamentarios e incluso en varios países ya hay pruebas piloto.

El informe del Coneval sirve para fortalecer la necesidad del Ingreso Ciudadano Universal como una medida necesaria para millones de ciudadanos.