No tan maravillosas

Las Asociaciones Público Privadas (APP) surgieron como una de las nuevas formas del neoliberalismo gobernante en el mundo para hacer obras sin que, supuestamente, haya inversión pública inicial y además, para variar, evitar

el control gubernamental, ya que en casi todos los países son consideradas como fuera de los presupuestos nacionales y, por lo tanto, no se cargan a la deuda pública.

En nuestro país han sido impulsadas desde el gobierno del presidente Calderón por los secretarios de Hacienda y continúan siéndolo por la actual administración, puesto que en este tema tanto los gobiernos panistas como los priistas están de acuerdo. El mejor ejemplo es un secretario de Hacienda que lo ha sido en ambos gobiernos.

En enero de 2012, el Congreso aprobó la primera ley en la materia, misma que fue reformada en abril de 2016, y cuenta con un total de 143 artículos, y en febrero de 2017 se publicó el reglamento vigente con 156 artículos. Nada más hay que imaginarse qué es operar y cumplir con 299 artículos para poder hacer una APP.

En el mes de marzo, del año pasado, el ahora candidato del PRI, siendo secretario de Hacienda, anunció que para ese año habría 12 proyectos con un valor de 22,000 millones de pesos y para este año serían 18 proyectos con valor de 36,400 millones de pesos. Hasta ahora no hay información de cuáles en realidad han iniciado, básicamente en proyectos carreteros y de salud.

Adicionalmente, la mayoría de los estados de la República han copiado la ley federal y tienen su propia ley estatal con el beneplácito del gobierno federal. Inclusive ya fue creado un Instituto Mexicano de Asociaciones Público Privadas, en cuya página de internet se destacan como ventajas que el financiamiento es privado, que los periodos de construcción son más cortos, que los estándares de calidad son más altos, que es gasto corriente y no deuda pública y que el traslado del riesgo es para el sector privado. En resumen, todo un gran éxito. Es decir, si los gobiernos quieren hacer obra la mejor solución es hacerlo por la vía de las APP. Así de sencillo y noble es este sistema.

Hasta ahora no hay una evaluación seria sobre cuáles han sido los resultados de los proyectos realizados por esta vía y habrá que hacerla, sobre todo tomando en cuenta que están jalando recursos de las afores y una de ellas es el PensiónISSSTE que, por cierto, me parece que dista mucho de ser una afore privada; y como hasta la fecha los que están en esta última afore no han sido consultados sobre dichas inversiones, esperemos que no les ocurra lo mismo que con la inversión en ICA.

Entre la propaganda que difunde el citado instituto está la de que “el consenso es mundial: el sector público requiere del apoyo del sector privado y de la sociedad civil para detonar el desarrollo. Es hora de superar las barreras que impiden la materialización de más y mejores APP. El tiempo apremia”.

Pero resulta que en un informe del mes pasado el Tribunal de Cuentas Europeo ha hecho una auditoría de las APP en varios países de ese continente y los resultados no son tan buenos. En sus palabras, argumentan que “los proyectos auditados no siempre se gestionaron de forma eficaz y no proporcionaron una rentabilidad adecuada. A menudo no se lograron los beneficios potenciales de las APP, debido a que se infrautilizaron y a que sufrieron retrasos y aumento en los costes”, agregando que “existe un alto riesgo de que éstas no contribuyan en la medida esperada al objetivo de destinar una mayor proporción de fondos a través de proyectos de financiación combinada”.

Los auditores encontraron que las APP presentaron deficiencias generalizadas y beneficios limitados, que significaron 1,500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz y que la transparencia se vio considerablemente comprometida.

Quizás sería conveniente que el gobierno federal, los gobiernos estatales y la Auditoria Superior de la Federación revisaran lo que se ha hecho en el tema, antes de que nos enfrentemos a los problemas que ha encontrado el Tribunal de Cuentas Europeo.