Ingreso Ciudadano Universal

Una de las mayores esperanzas de los millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador es, sin duda, aparte del combate a la corrupción, la posibilidad de reducir la pobreza y la terrible desigualdad que tenemos en nuestro país. Por eso, será uno de los temas a los que más atención prestará la población.

Los datos que tienen tanto el Coneval como el Inegi son claros y suficientes para enfocar las políticas públicas hacia los más de 50 millones de personas pobres que hay en México, donde alrededor de 21 millones no tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta alimentaria, la mayoría de ellos con salarios muy bajos. Sabemos, además, que hay más de 16 millones de empleados informales y cerca de 20 millones de empleados formales.

También se sabe que la desigualdad es cada día mayor; los 10 mexicanos más ricos concentran la misma riqueza que el 50 por ciento más pobre. Adicionalmente, tenemos que la inflación no controlada del año pasado, cercana al 7 por ciento, hizo que se echaran por la borda los avances que el actual gobierno había logrado en 2016 en el combate a la pobreza y que la pobreza laboral creciera, ya que la canasta alimentaria tuvo un incremento del 9 por ciento promedio en el país.

El centro de Estudios del Sector Privado ha argumentado que la precarización laboral se acentuó a finales del año pasado, traduciéndose en mayores niveles de pobreza y desigualdad, es decir, todos están de acuerdo con el diagnóstico.

Durante la campaña presidencial, el candidato Ricardo Anaya propuso como uno de sus temas fundamentales lo que llamó el Ingreso Básico Universal, seguramente sugerido por su asesor Jorge Castañeda, pero no profundizó en cómo lograrlo, porque probablemente no tenía mucha idea de ello. A pesar de que fue propuesta por el PAN, también el PRD y Morena han presentado iniciativas en el Congreso. Esperamos que sean tomadas en cuenta por el nuevo gobierno.

Entre la multiplicidad de anuncios que ha hecho el futuro Presidente del país se encuentran algunas propuestas que tienden a lo que muchos hemos defendido y propuesto para el combate a la pobreza y la desigualdad: el Ingreso Ciudadano Universal (ICU). Esta propuesta parte del principio fundamental de la gradualidad en su implantación. Por eso considero que, por ejemplo, el programa para los adultos mayores, cuyo monto se pretende incrementar y, sobre todo, la cantidad de personas que lo recibirán pasará de 5.5 millones a posiblemente 14 millones de personas mayores de 65 años, es un inicio del ICU.

De la misma manera, el apoyo a los jóvenes para que no abandonen los estudios mediante becas, así como el nuevo apoyo para los llamados “ni-nis” para que se incorporen como aprendices en labores productivas, pueden ser considerados como parte del esfuerzo de universalizar los apoyos a la población.

Recientemente, la Cepal publicó un documento en su serie de Estudios y Perspectivas denominado Escenarios y cálculo de la implantación del ICU en México, elaborado por el profesor de la UNAM, Aníbal Gutiérrez Lara. Dicho documento hace una revisión a profundidad de todo lo que se ha planteado en nuestro país sobre el tema, ya que esta discusión no ha sido sólo académica, sino también legislativa.

Claramente se muestra que, en primer lugar, es urgente atender la pobreza de una manera integral y no con los 5,000 programas o más que hay en la actualidad, mismos que según hemos leído van a ser sujetos de una revisión total por parte del nuevo gobierno para eliminar todos aquéllos que no dan resultados o que están duplicados debido, básicamente, a la competencia entre las secretarías de Estado por tener su clientela de pobres. ¡Qué bueno que esto se va acabar!

Como se señala al final del documento, es necesario entender que el ICU es una opción clara y efectiva para enfrentar tanto el desempleo como los cambios que se están dando en el mercado laboral, a más de su universalidad. Además, significa poner en práctica una verdadera reforma del Estado en beneficio de la población y a favor de la igualdad y el desarrollo.