Informe preocupante

Cuando algún organismo autónomo, de los varios que hay, me refiero a los serios y efectivamente independientes, como son los casos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dan a conocer públicamente sus trabajos se arma un gran revuelo que desgraciadamente dura pocos días, ya sea por la frecuencia de tantas noticias sobre hechos sangrientos o por la actividad gubernamental, para que se reduzcan las repercusiones de dichos documentos.

Recientemente, el presidente de la CNDH presentó ante el Presidente de la República su informe anual correspondiente a 2017, mismo que, por cierto, es el último que le tocará escuchar desde Los Pinos.

Si se leen con cuidado las palabras de Luis Raúl González en el acto y se hojea el informe, lo que uno percibe es lo devastado que está el país en este tema y el

poco avance que ha habido en la actual administración federal, así como en las administraciones estatales, que tampoco se salvan.

Dice textualmente: “Hasta hoy el balance no es favorable. México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos; tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro Estado democrático de derecho”. Palabras muy duras y desgraciadamente reales de lo que ha sido no sólo el año pasado, sino los anteriores y de paso lo que llevamos de 2018.

Hoy se cuentan por miles las personas, mexicanas y residentes, que en el país han sido sujetas a pérdidas de seres queridos, afectaciones económicas y sicológicas producto de secuestros, robos, asaltos y la falta de protección de

los derechos humanos que campea a lo largo y ancho de la nación.

También se hace un reconocimiento al Ejecutivo Federal por las diversas leyes que han sido aprobadas, varias de ellas promovidas con el apoyo del presidente Peña Nieto, pero, como bien dice Luis Raúl, son tan sólo un primer paso y ahora viene lo más importante, que es ponerlas en operación con los recursos suficientes y, sobre todo, a mi juicio, con personal capacitado para aplicarlas, pues esto ha sido, no sólo en estas leyes, sino en otras, el talón de Aquiles de la actual administración.

Uno de los grandes problemas a los que se ha visto enfrentada la CNDH es que, a pesar de haber hecho públicas con evidencias las diversas violaciones a los derechos humanos, la respuesta de las autoridades ha sido, por decirlo amablemente, muy poco oportuna. Hay un dato que refleja el lío que tenemos, pues se informa que durante 2017 se localizaron y analizaron la increíble cifra de 3,678 modificaciones normativas, tanto a nivel federal como local. Esto me recuerda que, por ejemplo, en materia de combate a la pobreza hay más de 6,000 programas. No es posible desarrollar un país con tantas modificaciones y tantos programas.

Además, se señala otro dato que muestra la disposición real para cumplir en este tema y se refiere a que durante la actual administración, México no ha ratificado ningún instrumento internacional vinculado al campo de los derechos humanos, ni retirado, incomprensiblemente, algunas reservas de los que ya están dentro del orden jurídico, a pesar de lo que dice nuestro artículo primero constitucional.

Yo espero que en los próximos debates, los candidatos a la Presidencia de la República puedan tomar en cuenta el informe de la CNDH y nos digan cómo le van a hacer para resolver esta problemática tan apremiante para la población, ya que es uno de los grandes problemas nacionales.

Además, un asunto que deberían aclarar los candidatos a la Presidencia, y en general, los candidatos a puestos de elección popular cuando hacen una propuesta que conllevan recursos, es cuántos son los necesarios para cumplir el ofrecimiento, en cuántos años y de dónde van a salir. Ya es hora de que se den cuenta de que muchos mexicanos no se tragan tan fácilmente las promesas de campaña, porque algunas de ellas son francamente imposibles de cumplir o de plano no tienen sentido. Esperemos que haya más seriedad en las ofertas mexicanas de mayo-junio.