Apoyo y transparencia

Decíamos en la colaboración anterior que ahora estamos entrando en una de las etapas más difíciles, misma que con motivo de los daños de los huracanes y los sismos no implica únicamente la reconstrucción física y económica, sino también de la anímica de aquéllos que sufrieron daños, ya sean menores o mayores, por lo que es necesario que los gobiernos de todos los órdenes se pongan a la altura de la situación.

Van transcurriendo los días y no se nota que exista esta dirección tan necesaria en la ayuda. Ya estamos en la etapa de la danza de las cifras, ya sea de los costos, de los apoyos o sobre los damnificados e incluso respecto del número de fallecidos. Para todo hay cifras; sin embargo, empiezan a ser discordantes con la realidad y los reclamos por una mayor eficiencia gubernamental ya no son hechos únicamente por quienes están sufriendo, sino por la sociedad en general.

Uno se pierde con los anuncios de apoyos que con bombo se anuncian aquí y allá, pero cuando se habla con los supuestos beneficiarios las cosas no son tan simples. Está, por ejemplo, el apoyo a quienes perdieron su vivienda, en donde la oferta es que no pagarán el capital del préstamo que supuestamente es de dos millones de pesos, sino tan sólo los intereses, a una tasa fija de nueve por ciento durante varios años, pero no queda claro si se tendrá que pagar dicho porcentaje sobre el total del monto durante esos años, en cuyo caso al final también se estaría pagando el capital prestado. A quienes pueden ser sujetos a estos préstamos no se les ha podido aclarar el asunto.

Otro tema, que además ha causado enojo, es el referente a los apoyos en efectivo, pues, según la información proporcionada, varias decenas de personas se aprovecharon de ellos sin ser damnificados. Incluso se supone que esto fue manejado por organizaciones que llevaban a la gente a cobrar en peseros. El gobierno ha declarado que procederá contra ellos, pero hasta la fecha no tenemos conocimiento de que se haya detenido a alguien por ello.

Otro motivo de quejas recurrentes es el acopio y su envío a las comunidades afectadas y tampoco se ha detenido o efectuado acción alguna contra alguien, a pesar de que existen denuncias de robos y fotos en las que claramente se ven los productos. Tal es el caso de la delegación Venustiano Carranza de esta ciudad, misma que hasta dos días después de publicada la denuncia no ha podido aclarar por qué tiene almacenado el acopio, y estamos hablando de una dependencia gubernamental que debería informar y aclarar las cosas de inmediato para no prestarse a suspicacias.

También está irritando a la sociedad el que hasta la fecha no haya ningún encargado responsable de haber hecho o realizado la verificación de las obras conforme a la ley, ya sea ingeniero, arquitecto o funcionario gubernamental, que esté, no digamos detenido, sino que se sepa haya sido al menos llamado a declarar. Es claro que hay que integrar la averiguación, pero ya han pasado tres semanas y la gente sigue durmiendo en la calle, en muchos casos esperando que haya justicia para quienes construyeron mal y para quienes lo permitieron.

Y a todo este drama que están viviendo decenas de miles de mexicanos en sus comunidades se suma el hecho de que, de pronto, el apoyo se redujo sustancialmente, como si la mayoría de los que voluntariamente participaron en diversas acciones los primeros días ya se hubieran olvidado o quizá crean que ya pasó todo.

Lo anterior es totalmente falso y preocupante, pues las necesidades de por lo menos alimentación, salud y vivienda siguen siendo las mismas de hace tres semanas y los víveres no les van a alcanzar hasta que regrese la normalidad a sus vidas.

Por eso, creo que con la experiencia que se ha tenido, el gobierno debe fomentar de alguna forma que la sociedad continúe apoyando, con dinero o en especie, a estos ciudadanos que desgraciadamente tardarán semanas en salir de las condiciones en las que están y, sobre todo, hacerlo de manera transparente.