¿A qué le temen?

Este mes de julio será recordado como uno de los más tristes y aciagos de nuestro país debido a la abulia interesada de los políticos, principalmente en la Cámara de Senadores y los congresos estatales, que han impedido avanzar en el combate a la terrible corrupción que nos asola.

No hay día en el que no aparezcan notas sobre hechos corruptos y no hay día en que comentaristas, académicos, etcétera, no hablen o escriban sobre lo que parece ser una tomadura de pelo a la sociedad mexicana: el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ya debería estar funcionando casi a plenitud y no sabemos hasta cuándo lo hará.

Hace unos días, Pascal Beltrán del Río escribió en su columna que combatir la corrupción se ha vuelto una exigencia de la sociedad mexicana y así es. Sin embargo, los políticos no lo entienden de esa forma, según hemos visto en su actuar diario.

En este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental. Es la primera vez que lo hace y esperamos que continúe haciéndola, porque es un instrumento valioso para conocer la opinión de las empresas sobre sus experiencias y percepciones al realizar trámites con el gobierno y, sobre todo, en materia de corrupción.

Algunos de los datos sobre la regulación vigente y onerosa son apabullantes, pero saber que los estados más corruptos son Tabasco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León indica, entre otras cosas, que todos los partidos, incluso los eufemísticamente gobernadores independientes, tienen problemas en la materia y poco han hecho al respecto.

Asimismo, la iniciativa privada ha insistido este mes que padece una “corrupción extorsionadora”, en palabras del líder de la Coparmex y que tienen varios estudios que señalan que el costo de la corrupción en nuestro país es casi diez puntos del PIB, dato que sin duda habrá que verificar.

También en este mes el auditor superior de la Federación, al hacer entrega del primer informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, dio un dato que clarifica lo que muchos hemos estado diciendo desde hace tiempo sobre la incapacidad de la Procuraduría General de la República para reducir la impunidad, al determinar que de las dos mil 26 averiguaciones que recibió el Ministerio Público Federal en materia de delitos financieros en 2016, tan sólo tres obtuvieron sentencia judicial. Ésta es la realidad.

En resumen, en marzo de 2012 el Ejecutivo anunció con gran pompa la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción; de aquí pasamos a mayo de 2015, cuando se promulgó una reforma constitucional que dio origen al SNA y se señaló un plazo de un año para la expedición de las leyes correspondientes, mismo que venció sin dichas leyes. Fue hasta julio del año pasado cuando se promulgaron y así el Senado designó a la comisión de nueve personas para seleccionar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, el cual es una pieza fundamental del sistema.

El comité mencionado fue elegido el mes pasado con personas reconocidas por su honestidad y casi de inmediato surgió una polémica fomentada entre otros, según los medios, por los “honorables” senadores del Partido Verde, organismo que ha demostrado ser el más corrupto, de acuerdo con las sanciones que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral. Es decir, lograron sembrar la duda utilizando para ello a la prensa y así seguir en el caminito de no avanzar en el combate a la corrupción.

Estamos al final de un régimen y una legislatura y todavía falta designar al fiscal Anticorrupción y a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en un plazo que vence el próximo martes. Como es obvio, esto no sucederá.

La gran pregunta ante todo esto es: ¿A qué le temen los senadores? ¿Por qué bloquean y retrasan las decisiones que son tan importantes y necesarias para nuestro país? Para la gran mayoría de la sociedad es muy claro que están actuando mal y en contra de los mexicanos.