Danza de cifras

En materia de cobertura de la matrícula de educación superior, al igual que en muchas otras áreas en este país, la danza de las cifras y la manipulación de ellas vuelve a veces imposible conocer la realidad. Veamos en documentos oficiales qué ha ocurrido con esa matrícula.

Tenemos que al término de la administración del presidente Calderón, su secretario de Educación muy ufanamente informaba haber llegado a una cobertura de 35 por ciento, y todos muy contentos. Al llegar la administración del presidente Peña Nieto se encontró que la cifra estaba inflada y que la realidad era que en 2012 la cobertura tan sólo alcanzaba 32 por ciento.

Esto obligó a modificar uno de los compromisos firmados ante notario por el actual Presidente, el número 39, que originalmente decía a la letra: “Más jóvenes en la universidad, aumentar al menos a 45 por ciento la cobertura en educación superior”, lo cual implicaba aumentar diez puntos sobre la cifra final del régimen del presidente Calderón. Pero como ésta última se corrigió, hubo también que corregir el compromiso, mismo que se transformó en alcanzar tan sólo 40 por ciento, es decir, en términos sexenales, un incremento con la cifra corregida de ocho por ciento. No sabemos si la corrección del compromiso también se efectuó ante notario.

Para el año 2014, la SEP declaraba que ya se tenía 33 por ciento de cobertura, y en 2015, en el tercer informe de gobierno de la actual administración se estimó la cobertura para el ciclo 2015-2016 en 35.1 por ciento. En enero de este año, el secretario general de la ANUIES afirmó que se había llegado a 34.1 por ciento en 2015, aunque ya para abril corrigió la cifra a 35.8 por ciento, seguramente tomando en cuenta el nuevo ciclo escolar.

En un boletín del Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez indicaba que para 2015 la cobertura era de 32 por ciento, no sabemos de dónde sacaron dicha cifra o qué indicadores fueron considerados.

Esta semana, el secretario de Educación manifestó en Campeche que la cobertura había alcanzado 36 por ciento, o sea, un incremento de cuatro puntos en tan sólo tres años.

Como se puede apreciar, existe una disparidad cada vez que se da un dato con respecto a la cobertura. Ello es debido a varios factores: el primero es que no hay acuerdo sobre el rango de edades que debe considerarse, unos lo establecen de 18 a 22 años y otros lo ponen de 18 a 23 años; después, está la situación de si se habla de tasa neta o tasa bruta de cobertura y, por último, algunos consideran la educación no escolarizada y otros no. Además, hay que ver en qué momento se toma la medición, al inicio del ciclo escolar o cuando éste termina.

Sería muy conveniente que la SEP convocara a expertos en el tema para fijar los parámetros que permitan la medición real de la cobertura educativa, dado que es un dato muy importante para efectos presupuestales, sobre todo tomando en cuenta la decisión de este gobierno de reducir al mínimo los recursos para la ampliación de la misma, lo cual, al paso que va, hará imposible el cumplimiento incluso del compromiso presidencial reducido.

Lo que es de llamar la atención, más allá de la corrección de las cifras, es la escasa preocupación que existe en las autoridades en cuanto a esta baja cobertura, no digamos en comparación con los países miembros de la OCDE, sino incluso con países de nuestra área latinoamericana, donde tenemos que ya varios la han incrementado a más de 50 por ciento, como Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela, entre otros. Y ni hablamos de Cuba, cuya cobertura es más de 90 por ciento.

¿Cómo es posible que se crea que vamos bien en este tema, cuando para 2018 habrá al menos seis de cada diez jóvenes sin oportunidad de acceder a la educación

superior? ¿Qué van a hacer en las edades en las que

deberían estar desarrollando todo su potencial y estarse preparando para entrar al mercado de trabajo? ¿A qué se les está condenando, por la falta de visión de sus gobernantes?

Y por cierto, la Reforma Educativa no tiene nada que ver con la cobertura en educación superior.