SUBBJ: transparencia necesaria...

Inminente su formal arranque de actividades –26 de agosto y 23 de septiembre dependiendo de las carreras que impartirán– la unidades del sistema de Universidades del Bienestar “Benito Juárez” (SUBBJ) continúa inmersa en toda suerte de polémicas y especulaciones y, de manera especial, alentando la incertidumbre de analistas políticos y especialistas que ven en ella el riesgo de convertirla en una suerte de “escuela (ideológica) de cuadros” para el lopezobradorismo imperante o, peor, en una alternativa clientelar más del gobierno de la 4T.

Y esto, no sólo por la (supuesta o real) improvisación y falta de rigor, o la opacidad evidenciadas en su organización, sino, también, porque a la vista lo sucedido y, más, los resultados académicos aportados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), creada a comienzos de 2001 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como responsable de la administración capitalina, no son ni muchas ni altas las expectativas que un proyecto similar a éste puede alentar, independientemente de que el gobierno federal garantice aportar 1,000 millones de pesos anuales, la mayor parte de los ellos destinados al pago de una beca anual de 2,400 pesos mensuales a cada uno de quienes se inscriban en ella, a su promoción–organización y operación.

Un solo rubro, el relativo a titulación, permite sustentar lo dicho, pues mientras en entidades públicas, como la Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), reportan niveles cercanos y/o (ligeramente) superiores a 50 por ciento, más niveles considerables de aspirante a conseguir un posgrado, en la UACM los mismos son de apenas de entre 5 por ciento y 10 por ciento, de confiar en la escasa información existente sobre el particular. En las entidades privadas, conforme a estadística avalada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los niveles de titulación superan el 65 por ciento.

Hablamos de un indicador incuestionable que refleja con absoluta objetividad el éxito y/o fracaso de un sistema académico en particular que, sin tener cifras duras a la vista, creemos debe estarse reflejando también en los niveles de ocupación en el mercado laboral de los que, en el mejor de los escenarios, terminan sus estudios en la institución capitalina y, en su caso, optan por titularse. Información como ésta sería en verdad reveladora.

Sería pues deseable que, previo el arranque formal del sistema, la subsecretaria Raquel Sosa, responsable del proyecto, aporte información suficiente que no sólo esclarezca la mecánica de operación de las unidades –presumiblemente están por abrir sus puertas algo más de 80, con algo más de 7,500 alumnos–, sino que contribuya a cancelar suspicacias y pronósticos negativos que poco o nada van a ayudar a las mismas.

Asteriscos

*Si bien por razones más que explicables, la atención se centró en el daño que por la extinción (¿no prevista?) de un contrato causó a la UNAM, de Enrique Graue, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del cuestionado Javier Jiménez Espriú, a quien en el entorno oficial se refieren como Chimoltrufio –por aquello de que “como dice una cosa dice otra”–, lo cierto es que la limitación en el acceso institucional a internet afectó también a ¡34 universidades públicas más!  

Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza política.