Diciembre avanza con prisa. La ciudad se enciende, el consumo se acelera y el discurso del cierre de ciclos se llena de buenos deseos. Pero el final del año no es sólo celebración. También es balance, y para muchas personas es un duelo silencioso. No se trata únicamente de las sillas vacías en las cenas decembrinas. El cerebro pasa lista: lo logrado, lo aplazado, lo que nunca ocurrió. Aparecen la nostalgia, la culpa, el agotamiento. Una sensación difusa de cierre, aunque nada tangible se termine.
En el plano colectivo, la deuda con las mujeres permanece intacta. El año cerró con avances retóricos en inclusión y participación política, pero con retrocesos profundos en derechos humanos. Mientras el Estado insiste en una supuesta reducción de los feminicidios, las cifras desmontan el optimismo: en México, en promedio, diez mujeres son asesinadas cada día. La aparente disminución responde a una trampa estadística: sólo una cuarta parte de estos crímenes se clasifica e investiga como feminicidio; en algunos estados ni siquiera alcanza el 10 por ciento. Negar la violencia no la elimina, la invisibiliza y revictimiza.
En junio, el Estado mexicano compareció ante la CEDAW en Ginebra. Lo hizo con carencias evidentes: datos incompletos, falta de información verificable y una preocupación clara por la simulación institucional en materia de igualdad. A esto se suma el desmantelamiento de la Conavim. Aunque sus funciones fueron redistribuidas dentro de la Secretaría de Gobernación y otras instancias como la Secretaría de las Mujeres, la decisión generó incertidumbre y un vacío institucional que pone en riesgo la Alerta de Violencia de Género y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.
Las desapariciones continúan. Más de 29 mil mujeres siguen desaparecidas o no localizadas. No hay información suficiente para saber cuántas eran indígenas, migrantes, niñas o mujeres con discapacidad. Sin datos no hay política pública. Sin política pública, hay impunidad.
SIN DERECHO A DECIDIR
El derecho a decidir permanece atrapado en la contradicción. Aunque la Suprema Corte ordenó la despenalización del aborto a nivel federal, los códigos penales estatales siguen castigándolo. Se abren carpetas de investigación, incluso en entidades donde ya fue despenalizado. El aborto legal existe en el discurso, no en la vida cotidiana de miles de mujeres.
A ello se suma la opacidad frente a la trata de personas, la explotación sexual y los matrimonios forzados de niñas. Son prácticas persistentes en un contexto de presupuestos insuficientes, refugios escasos y ausencia de voluntad política. Los espacios para atender a víctimas de trata son mínimos frente a una crisis que es claramente nacional.
La exclusión económica sigue siendo estructural. Veintinueve millones de mujeres están fuera de la economía remunerada. La participación laboral femenina en México es de 46%, muy por debajo del promedio de la OCDE, lo que implica una pérdida significativa de crecimiento económico. No es falta de capacidad, es ausencia de condiciones: sistemas de cuidados inexistentes, brecha salarial, violencia, informalidad y abandono institucional.
Se habla de cuotas, pero no de trayectorias. De programas sociales, pero no de autonomía. De discursos, pero no de transformaciones estructurales. Con una voluntad política real, la participación económica de las mujeres podría aportar billones a la economía nacional. Eso no se logra con simulación.
La pregunta no es si es tiempo de mujeres. La pregunta es si el Estado está dispuesto a dejar de violentarlas. Porque si algo deja claro este cierre de año es que los duelos no resueltos no desaparecen: se acumulan. Y las mujeres ya cargan demasiados