Por Cuauhtémoc Ochoa*
La discusión sobre la reforma al Poder Judicial volvió a exhibir dos visiones de país claramente enfrentadas. De un lado, quienes consideran que la impartición de justicia debe mantenerse bajo los esquemas tradicionales que durante décadas dominaron las instituciones; del otro, quienes sostienen que la democratización de los poderes públicos es una condición indispensable para profundizar la transformación política que inició en México hace algunos años.
En ese contexto, la reciente aprobación en el Senado de la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la mayoría legislativa de Morena mantiene firme su apuesta por consolidar la transformación del sistema judicial mexicano.
La reforma aprobada no modifica el principio central de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, pero sí introduce ajustes para fortalecer su implementación. Entre los cambios más relevantes destaca el aplazamiento de la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a 2028, la simplificación de las boletas electorales, la reducción del número de candidaturas y la incorporación de mecanismos más rigurosos para evaluar los perfiles que aspiren a ocupar cargos jurisdiccionales.
Desde la tribuna del Senado, defendí el dictamen al sostener que la reforma judicial responde a un mandato popular expresado en las urnas y que el proceso de transformación del Poder Judicial es irreversible.
La elección judicial es un mandato del pueblo. Aquí nadie se echa para atrás. La independencia judicial no puede significar aislamiento de la ciudadanía ni convertirse en sinónimo de privilegios. Por el contrario, sostienen que la justicia debe ser más cercana, accesible y transparente para la población.
El Grupo Parlamentario de Morena coincidió en respaldar los cambios como una necesidad de corregir las complejidades operativas observadas durante la primera elección judicial. La experiencia permitió identificar áreas de mejora relacionadas con la cantidad de candidatos, el diseño de las boletas y los mecanismos de evaluación de aspirantes, aspectos que ahora buscan perfeccionarse para garantizar procesos más claros y comprensibles para los ciudadanos.
Para Morena, estos ajustes no representan un retroceso ni una rectificación de fondo, sino una etapa natural de consolidación institucional. La premisa es clara: mantener el modelo de elección popular, pero fortaleciendo sus condiciones de operación.
La oposición, por su parte, mantiene sus cuestionamientos. Además de insistir en los riesgos que, a su juicio, enfrenta la independencia judicial, ha criticado algunos aspectos específicos de la reforma, particularmente las disposiciones relacionadas con magistrados electorales y el rediseño de ciertas reglas del proceso. Sin embargo, la mayoría legislativa sostiene que el objetivo sigue siendo el mismo: construir un Poder Judicial más abierto al escrutinio ciudadano y menos vinculado a los mecanismos tradicionales de designación.
En ese debate, posicioné la postura de Morena con una frase que probablemente seguirá marcando la discusión pública en los próximos años: la transformación también llegó al Poder Judicial y llegó para quedarse.
La aprobación de esta nueva etapa de la reforma confirma que, para el oficialismo, el debate ya no gira en torno a si debe existir una elección judicial, sino sobre cómo perfeccionar sus mecanismos para que funcione de manera más eficiente y genere mayor confianza ciudadana. Bajo esa lógica, Morena busca consolidar uno de los proyectos institucionales más ambiciosos del segundo piso de la Cuarta Transformación, convencido de que la democratización de la justicia es una demanda que no admite marcha atrás.
*Senador del Grupo Parlamentario de Morena