Por qué se debe cobrar por la recolección de los residuos (Parte II)
PorCuauhtémoc Ochoa Fernández* En la columna anterior explicaba la importancia de que el ciudadano pague por disponer de sus residuos sólidos urbanos, al igual que paga por la electricidad o el agua consumidas. También refería que muchos municipios en México ya ...
Por Cuauhtémoc Ochoa Fernández*
En la columna anterior explicaba la importancia de que el ciudadano pague por disponer de sus residuos sólidos urbanos, al igual que paga por la electricidad o el agua consumidas. También refería que muchos municipios en México ya disponen de un marco normativo que permite cobrar una tarifa por el servicio de recolección de residuos, pero que los alcaldes que los gobiernan evitan la mayoría de las veces aplicar esta disposición.
En México ya existen casos exitosos de ciudades donde la cobranza ha funcionado satisfactoriamente desde hace varios años, permitiendo mejorar progresivamente la atención a la población. Tal es el caso de Puebla y Mérida, donde incluso se manejan tarifas estratificadas que permiten diferenciar el cobro, según el tipo de condición socioeconómica del ciudadano. En estas dos ciudades, con tarifas variables de hasta 82 pesos mensuales, se ha incrementado gradualmente el equipamiento de recolección.
Si la Ciudad de México, por ejemplo, cobrara, en promedio, 65 pesos mensuales por vivienda habitada, podría recaudar alrededor de mil 941 millones de pesos anuales. De este monto, 907 millones podrían ocuparse para el pago de la recolección, 420 millones podrían usarse para pagar la limpieza urbana, otros 423 millones podrían emplearse para pagar la disposición e incluso 190 millones permitirían llevar a cabo un mantenimiento apropiado o un reemplazo del parque vehicular obsoleto o muy contaminante.
Se podría pensar que estas ciudades, como Mérida y Puebla o la misma Ciudad de México, son las únicas donde se justificaría el cobro y sería viable hacerlo por el hecho de tener, todas ellas, una población significativa, por arriba de los 800 mil habitantes.
Pero hay casos donde esto no aplica y el sistema de cobranza también funciona. El municipio de Cuetzalan del Progreso, en el estado de Puebla, es un ejemplo exitoso que ilustra claramente cómo, más allá del tamaño de un municipio, son el convencimiento de la autoridad municipal y la disciplina de la ciudadanía los factores impulsores necesarios para generar un cambio de conciencia a favor de la protección del medio ambiente.
De hecho, Cuetzalan del Progreso maneja su sistema de cobranza con bonificación o penalización. Si los residuos se entregan separados en orgánicos e inorgánicos, el ciudadano queda exento de pago. Si, en cambio, los residuos son entregados mezclados, el ciudadano paga 4.60 pesos por vivienda por día de recolección. Si esta ciudad de alrededor de 50 mil habitantes es capaz de hacerlo, pueden hacerlo muchas otras.
El no pagar por la recolección de los residuos se ha convertido en un subsidio enfermizo de los municipios hacia la población porque, aparentemente, genera un bienestar a los ciudadanos, pero en realidad propicia un apremiante daño de nuestros hábitats que enmascara las causas y únicamente mitiga los efectos.
Si realmente queremos frenar el deterioro causado a nuestros ecosistemas y remediarlo, en definitiva es imprescindible cobrar por la recolección de todos los residuos domiciliarios generados y no solamente estar pensando en medidas paliativas aisladas como la imposición de acciones prohibitivas sobre ciertos productos, como es el caso de los denominados plásticos de un solo uso.
Los sistemas administrativos de cobro al usuario deben ser lo suficientemente modernos y transparentes para facilitar la generación de ingresos útiles que favorezcan la manutención y la provisión de servicios de calidad a todos los usuarios.
Además, la antigua creencia de que la Federación tiene la obligación de resolver financieramente la problemática de la gestión de los residuos sólidos en los municipios mediante la entrega anual de participaciones presupuestales a sus respectivas entidades federativas debe ser reemplazada por una nueva visión que elimine este subsidio inútil, y que más bien plantee nuevos mecanismos que permitan a los municipios ser autosustentables. Sólo así se podrán desarrollar medidas preventivas y efectivas en favor de nuestras comunidades y ciudades con beneficios tangibles, sobre todo en el ámbito social.