Más acerca de la elección de jueces

Por: Juan Carlos Machorro*

Es necesario insistir acerca de la inconveniencia de que los jueces sean elegidos por voto popular.

Más cuando en una iniciativa con la propuesta de reforma constitucional en la materia se insertan elementos de matiz más ideológico que realista y de una búsqueda real de eficiencia en la impartición de justicia.

A manera de ejemplo, el Poder Judicial federal requiere de una reforma que fortalezca su estructura presupuestal y de mecanismos de eficiencia efectiva en la impartición de justicia; solamente durante 2013 se recibieron 1.5 millones de demandas nuevas con tan sólo mil 685 juzgadores para atenderlas y, de éstos, menos de 700 jueces de distrito.

A diferencia de los otros dos Poderes de la Unión (encargados del diseño de políticas públicas y de la generación de marcos legales), el Poder Judicial federal tiene en su mandato esencial la resolución de asuntos en los que la autoridad puede perjudicar la esfera de derechos de los particulares, siendo un punto claro en el que radica la esencia de la encomienda fundamental de buscar independencia de gestión.

Pensar en una elección por voto popular es sencillamente contrario a la naturaleza y la justificación de un poder esencialmente considerado como contrapeso constitucional y democrático de la actuación de los otros dos Poderes.

La implementación misma de la reforma propuesta no toma en cuenta aspectos prácticos de la factibilidad de llevar a la esfera real lo que se pretende; tan sólo en la Ciudad de México, encargada del primer circuito judicial del país, habría que instalar entre 350 y 500 urnas por casilla para recoger el voto de los ciudadanos.

La propuesta de reforma es sencillamente impensable e insultante en una realidad nacional que exige, de los tres Poderes de la Unión, soluciones reales, efectivas y urgentes a problemas cada vez más lacerantes.

Los jueces deben ser, por esencia, imparciales y basar sus decisiones en la interpretación de la ley y no en consideraciones políticas o de popularidad. Si los jueces son elegidos por voto popular, existe el riesgo de que se vean influenciados por la opinión pública y tomen decisiones que no estén en línea con la ley y los principios legales.

Los jueces deben tener un conocimiento profundo y experiencia en derecho. La elección por voto popular no garantiza en forma alguna que los candidatos tengan las habilidades y la experiencia necesarias para ejercer el cargo de jueces de manera efectiva. Pensar en estudiantes de derecho recién salidos de las aulas es una burla frente a la seriedad y la gravedad de los retos en la materia.

La selección de jueces a través de un proceso más riguroso, como la nominación por parte de una comisión o el examen de sus credenciales legales, proporciona una mayor garantía de que los jueces sean competentes y calificados para su labor.

El sistema de justicia requiere estabilidad y continuidad. Los jueces elegidos por voto popular pueden enfrentarse a presiones políticas y estar sujetos a cambios frecuentes, lo que puede afectar la independencia y la estabilidad del Poder Judicial. Un sistema en el que los jueces son seleccionados por su capacidad y no por sus vínculos políticos o popularidad permite mantener un Poder Judicial independiente y estable.

El sistema actual de selección de juzgadoras y juzgadores, perfectible desde luego, pasa por un sistema de carrera judicial, reforzado por la reforma de 2021, que incluye concursos de oposición.

Es claro que en temas sociales no existe una manera sencilla de experimentar en forma controlada, siendo necesario analizar qué se ha hecho en otros países y cuáles han sido los resultados obtenidos.

Existen numerosos ejemplos en democracias liberales dignas de análisis que cuentan con procesos ya probados, transparentes y eficaces para la selección de jueces. El único sistema que elige a sus jueces federales por voto popular es el boliviano, cuyo resultado a más de diez años de haber sido implementado, es un absoluto y rotundo fracaso.

Es necesario analizar con responsabilidad y rigor metodológico y no ideológico las experiencias de países que cuentan con procesos de selección de jueces regidos por un análisis de méritos y competencias de los candidatos, estándares de ética y una cultura de respeto a la ley y el Estado de derecho.

En este ejercicio va de por medio el futuro de nuestra democracia y la fortaleza de nuestras instituciones.

Ni más ni menos.

*Abogado