Lucha anticorrupción, una asignatura pendiente

Por Juan Carlos Machorro*

Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, la International Chamber of Commerce México (ICC México) emitió el pasado 7 de diciembre un comunicado convocando a las precandidatas a la Presidencia de la República a establecer como prioridad en sus agendas de gobierno la lucha contra la corrupción, la preservación del Estado de derecho, el respeto a las instituciones, a la independencia judicial y a la autonomía de las fiscalías y el otorgamiento de recursos presupuestales suficientes a todas y cada una de las instituciones democráticas del país a fin de realizar su trabajo y la prevención y persecución de delitos en forma adecuada.

El llamado que hace la ICC México no es cosa menor, particularmente a la luz de la realidad que vivimos en la presente administración federal y el constante golpeteo a instituciones del Estado de derecho y el recorte descarnado de recursos presupuestales a instituciones que se han considerado no afines al régimen en turno.

La agenda anticorrupción debe permanecer en todas las democracias como una prioridad relevante de los gobiernos.

Es claro que el poco avance que había alcanzado nuestro país en materia de Estado de derecho ha retrocedido de manera palpable y significativa durante la presente administración.

En efecto, a pesar de la narrativa oficial, prácticamente todas las estadísticas de órganos que miden la corrupción a nivel internacional reflejan un retroceso considerable de nuestro país.

La corrupción, como bien lo señala la ICC México, es una de las mayores preocupaciones en la sociedad mexicana, tan sólo superada por temas de inseguridad pública.

Prácticamente todas las evaluaciones de organismos internacionales en la materia coinciden en un diagnóstico nada envidiable en el caso de México:

El Índice de Percepción de la Corrupción 2022, publicado por la organización Transparencia Internacional, ubica a nuestro país en el lugar 126 de 180 países evaluados.

El índice de Estado de derecho del World Justice Project sostiene actualmente que, en el indicador “ausencia de corrupción”, México se sitúa en el lugar 136 de 142 países siendo que, en el 2018, se encontraba en el lugar 102. Es decir, tan sólo en esta administración, nuestro país ha retrocedido 34 lugares ubicándose a sólo cinco lugares del último lugar de la clasificación.

El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina de 2019 anota que, en México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022 expresa que mientras algunos países mostraron resiliencia, otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron retrocesos y reveses en instituciones clave y en el entorno anticorrupción en su conjunto. En este índice México está en el lugar 12 de 15, sólo delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.

El Índice Global de Impunidad 2020 califica a México como un país con impunidad muy alta, situándose ligeramente mejor en el índice que naciones como Kirguistán, Nepal y Guyana, pero calificado peor que Guatemala.

La corrupción ha sido y continúa siendo generadora de impactos negativos en los países que incluyen una reducción en la eficiencia y el crecimiento económicos, distorsión de los mercados y creación de barreras para la competencia y libre concurrencia, preservación de desigualdades económicas y sociales, obstáculos al desarrollo y la reducción de la pobreza, debilitamiento del Estado de derecho y de la confianza de la población en las instituciones públicas, disminución de la participación ciudadana en la vida política y falta de compromiso cívico, todo ello en demérito de la democracia y el Estado de derecho.

Es fundamental combatir la corrupción para promover un desarrollo sostenible y equitativo, y nuestro país tiene mucho trabajo por hacer en la materia, comenzando por respetar a cabalidad las estructuras y las instituciones democráticas.

Conviene, sin duda, aplaudir y suscribir la convocatoria que hace la ICC México a las precandidatas a la Presidencia de la República y escuchar con detenimiento y anotar sus ideas y sus propuestas en la materia.

Un Estado de derecho sólido nos beneficia a todos, mientras la ausencia del Estado de derecho y el respeto a nuestras instituciones nos perjudica a todos, sin excepción.

*Abogado líder de la práctica transaccional.