Ley de Amnistía y violencia contra las mujeres

Por Patricia Martínez Lanz

Mucho se ha hablado de la violencia en México contra la mujer; sin embargo, el impacto puede ser diferente en quienes se encuentran expuestas a situaciones críticas de vulnerabilidad como son las mujeres privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Federal.

Ellas tienen tres veces más probabilidades de haber sufrido violencia alta en su entorno inmediato; y cinco veces violencia severa, cuando presentan bajos niveles de autoestima y sintomatología depresiva, entendiendo estos niveles en función de la frecuencia y el tipo de violencia que habían experimentado.

Por otra parte, era más probable que las mujeres que estuvieron expuestas a estos niveles de violencia en sus hogares iniciaran el consumo de drogas ilegales a edades muy tempranas, que van desde antes de los 14 años.

Desde antes de ingresar al penal, el consumo de drogas de dichas mujeres era 3.5 veces más alto que el de las mujeres en una situación legal diferente; lo cual se refleja en un serio desajuste sicosocial.

Su situación económica y laboral era, por lo general, sumamente precaria. Para una mujer en prisión es 3.2 veces más frecuente ser la jefa de familia y la principal proveedora de su hogar que las mujeres en general. Además, seis de cada diez de ellas sólo ganaba cinco dólares diarios. El 83 por ciento tenía hijos en el momento en que  ingresaron al penal.

Una tercera parte de las reclusas había sido sentenciada por delitos contra la salud con una severidad excesiva en su condena: al 70 por ciento se le condenó a más de siete años de cárcel. Todo lo anterior considerando que siete de cada diez de ellas no recibían remuneración económica por la actividad relacionada con drogas que realizaba, ya que es frecuente que sean obligadas o presionadas para involucrarse en la comisión de delitos, generalmente por sus parejas o por alguien con quienes guardan un fuerte
vínculo afectivo. Lo que nos habla también de una violencia institucional hacia la mujer en nuestro país.

En una reflexión más amplia, cada mujer que llega a un penal, lejos de estar contribuyendo a garantizar una mayor seguridad, lo que representa es un caso más del rotundo fracaso del proyecto educativo, de las políticas públicas de salud mental y de la incapacidad de garantizar un estado de bienestar ciudadano.

La iniciativa de la Ley de Amnistía que está por aprobarse en nuestro país, con sus alcances y limitaciones, puede ser parte inicial de un proceso de pacificación y reparación necesaria para lograr justicia social y la estabilidad en la seguridad pública.

Sin embargo, cuando esta Ley se extienda hacia delitos del fuero común, deberán considerarse seriamente las condiciones sicosociales que prevalecen en el entorno de las mujeres y que, bajo circunstancias diferentes, no representarían una amenaza real para la seguridad pública de la ciudadanía.

Aplicar esta óptica, claramente más compleja, sería un paso para avanzar en serio hacia la pacificación del país.

                * Directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Anáhuac México.