Por: Raúl Morón Orozco*
La reciente reforma constitucional a las fracciones IV y XI del artículo 123, del Apartado A, de la Constitución General para la República, para lograr la reducción de la jornada laboral máxima a las 40 horas, no sólo es necesaria en términos de impulso al desarrollo y productividad nacional, sino un acto de justicia histórica que revindica décadas de lucha del movimiento obrero y la clase trabajadora mexicana. Con esta reforma que habrá de reducir gradualmente la jornada laboral, de las 48 a las 40 horas semanales, entre los años 2027 a 2030, sin reducción al salario ni a las prestaciones de los trabajadores, y que establece, además, un tope al trabajo extraordinario de 12 horas a la semana, distribuidas en un máximo de 4 días, prohibiendo el trabajo en tiempo extra para los menores de 18 años; se va a favorecer a más de 13.4 millones de trabajadores, principalmente de las industrias manufacturera, comercio, servicios, transporte, hospedaje, alimentos y bebidas, correos y almacenamiento, entre otros, cuyos trabajadores de forma individual laboran, en promedio, 2,124 horas al año, es decir, mucho más de las 1,687 horas que trabajan al año la mayoría de los trabajadores de los países miembros de la OCDE.
Trabajar en la actualidad mucho más que países como Francia, España, Chile, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Alemania, entre otros, que han logrado reducir su jornada laboral a menos de 40 horas —algunos incluso a menos de 35—, no ha garantizado mayor productividad, por el contrario, se ha demostrado que nos mantiene en los índices de productividad más bajos del mundo y que esto se encuentra asociado a jornadas de trabajo excesivas. Trabajar más no es igual a producir más.
Por eso, el argumento de los partidos y grupos de oposición en el sentido de que la reducción de la jornada laboral provocaría una caída inmediata en la producción, una afectación a la empleabilidad y a la estabilidad financiera de las empresas nacionales está totalmente rebasado con la experiencia internacional. La reducción de la jornada laboral ha sido una demanda histórica de la clase trabajadora, desde los movimientos obreros de Cananea y Río Blanco a inicios del siglo XX, las exigencias de líderes sociales, como los hermanos Flores Magón, y los postulados de justicia social y obrera de constitucionalistas michoacanos como el general Francisco J. Múgica Velázquez.
Pero este logro fundamental en la historia del derecho laboral mexicano se mantuvo sin reforma alguna durante más de 109 años, pues durante los gobiernos del PRIANismo, y más aún durante la oscura época del neoliberalismo en México, se priorizó la acumulación del capital, la plusganancia y los beneficios extraordinarios del mercado para unos cuantos sobre el bienestar colectivo de la mayoría de los trabajadores promedio y sus familias. Por eso, es indudable que la derecha mexicana y sus gobiernos están en deuda histórica con la clase trabajadora, porque pudiendo haber generado mejores condiciones para el trabajo, no lo hicieron por falta de visión, voluntad política, pero, sobre todo, conciencia de clase y colectiva.
Fue hasta ahora que un gobierno de izquierda, con una presidenta humanista como Claudia Sheinbaum, ha dado cumplimiento a esta demanda histórica, con un compromiso —el número 60, sobre “reducción de la jornada laboral”— que proviene del documento de campaña “100 compromisos para el segundo piso de la transformación” y también fue ratificado en el PND 2025-2030 como un compromiso fundamental del Estado mexicano y hoy elevado a derecho fundamental en la propia Constitución, con el voto de las legisladoras y legisladores de la Cuarta Transformación. Así, la reducción de la jornada laboral, no sólo es un baluarte de la justicia social, sino uno de los ejes transversales del constitucionalismo social mexicano que materializa los compromisos de la 4T y del humanismo mexicano: “Priorizar una política de bienestar eliminando la injusticia social, la pobreza, la marginación y la explotación laboral y humana”.
La reforma favorecerá, entre otras cosas, la salud de los trabajadores, cuyas enfermedades, muchas de ellas, generadas por estrés laboral crónico (síndrome burnout); también las relaciones familiares y comunitarias, el descanso, la educación, recreación, actividades culturales y deportivas; también se suman importantes reformas como la Ley Silla, la vivienda social, la regulación del trabajo en plataformas digitales, la reducción de los años para jubilación de los trabajadores del Estado y el incremento sustantivo del salario mínimo hasta por 135% en el acumulado de 2018 a la fecha.
La meta es, en todo caso, recuperar un país donde las personas trabajen para vivir bien y que no vivan exclusivamente para trabajar.
*Senador de la República (Morena)