Gentrificación y derecho a la ciudad

Por Fadlala Akabani

Con la fuerza con la que suelen emerger las luchas horizontales de la organización popular, el tema de la gentrificación ha irrumpido en el debate público de la capital del país. El pasado viernes 4 de julio, vecinos, activistas y colectivos de la Ciudad de México se dieron cita en punto de las 3 y media de la tarde en el Parque México, un icono de la ciudad y corazón de la colonia Condesa en la alcaldía Cuauhtémoc. El motivo de la convocatoria fue realizar la primera marcha en protesta contra la gentrificación.

Comencemos por lo básico. ¿Qué significa gentrificación? Según el diccionario de Oxford, la palabra inglesa “gentry” es un sustantivo usado para denominar a aquellos que detentan la propiedad de la tierra; las clases altas. Empleado por primera vez en el libro Londres: aspectos del cambio (1964), de la socióloga británica Ruth Glass, para describir un proceso sociourbano en que barrios —originalmente ocupados por la clase obrera— estaban comenzando a transformarse a partir de la llegada de “gentrys” mediante renovación arquitectónica y aparición de nuevos comercios, derivando en aumento de precios de la propiedad y la renta que terminaban por desplazar a los residentes previos. Casos paradigmáticos, como los barrios de Islington, en Londres, o Williamsburg, en Nueva York, han sido ampliamente estudiados desde el urbanismo, la sociología y la economía en el siglo XX.

Dada la amplia conectividad y estrechamiento de las distancias, en el siglo XXI observamos que este fenómeno sucede con el añadido de que los gentrificadores ya no son exclusivamente miembros de las élites locales, sino que también hay ciudadanos extranjeros del norte global que encuentran en ciudades latinoamericanas, o del sudeste asiático, mayor calidad de vida que en sus países de origen. El fenómeno se ha incrementado a partir de la pandemia y la explosión del trabajo a distancia que está revelando fallas estructurales en las ciudades y sociedades latinoamericanas, Sao Paulo (Brasil), Medellín (Colombia) y Ciudad de México como grandes ejemplos de nuestra región.

Si bien desde el Gobierno de la Ciudad de México entendemos las legítimas causas del enojo ciudadano y respetamos la libre manifestación de las ideas, entendemos el derecho a la protesta dentro de los cauces pacíficos y rechazamos la violencia. Pese a ser expresión de una minoría encapuchada, fue, lamentablemente, el aspecto más destacado por los medios de comunicación, deslegitimando la protesta pacífica y criminalizando la organización política popular.

En aras de descalificar la protesta, el debate de la gentrificación y las posibles políticas para atender la problemática, se ha llegado a proponer que cualquier acción derivaría en la misma xenofobia con que el trumpismo caza (mediante violentas redadas) y encierra migrantes (e incluso ciudadanos norteamericanos) en condiciones inhumanas, como el calor extremo de un pantano repleto de cocodrilos, serpientes y mosquitos; el “nuevo modelo” de centro para la detención de “aliens ilegales”, enclavado en la agreste región de Everglades, Florida, y construida por el gobierno estatal, que se jacta de dar un mensaje disuasorio a migrantes, terrorismo psicológico en pocas palabras.

México es un país abierto al intercambio comercial y cultural con el mundo, que tiene un pueblo hospitalario y amistoso con disposición al enriquecimiento que implica la diversidad cultural; empero, también es un país serio, con leyes migratorias y fiscales que debemos hacer respetar. No necesitamos ni debemos cambiar el sino de nuestra política migratoria que se ha distinguido por hacer del nuestro un país de refugio para los perseguidos políticos y los desposeídos por la guerra, que han nutrido nuestra cultura e identidad. Pero ésta es una llamada de atención para enfocar esfuerzos en la atención de la crisis de acceso a la vivienda experimentada por las familias y jóvenes mexicanos, que, de acuerdo con datos de la Sedatu, afecta a 10.92% de la población en nuestra ciudad, aproximadamente 950 mil personas.

La atención a este fenómeno requiere un tratamiento multidisciplinario y la colaboración entre diferentes entidades públicas del orden local y federal. Por ejemplo, la reforma a la ley de Turismo de la Ciudad de México (2024) ya regula que un espacio habitacional no pueda ser arrendado más del 50% de noches en un año mediante plataformas como Airbnb, esto es poner en armonía una ley local con las disposiciones migratorias nacionales, ya que México otorga una visa por 180 días para actividades turísticas. Vivir más de 183 días en México (seis meses) requiere residencia legal que conlleva registro fiscal y diferentes obligaciones de acuerdo a la actividad económica y el origen de los recursos, considerando convenios suscritos para evitar la doble tributación.

Desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento ya trabajamos estrategias integrales (vivienda, movilidad, agua, fragmentación socioespacial, economías vecinales) para repoblar un amplio polígono en la “ciudad central” (Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza) de 16 colonias con escaso incremento poblacional, bajo índice de desarrollo social, precariedad en el ingreso e incluso altos índices delictivos, para reconvertirlas en opciones habitacionales asequibles con servicios urbanos buscando el retorno, repoblamiento y arraigo.