El problema se llama cleptocracia
El cambio de gobierno que viene es, sin duda, un enorme reto, en especial en la estructura gubernamental nacional, pues es claro que existen vicios y altos niveles de corrupción que han llevado a diversas entidades federativas al desfalco. Por años, la clase política hizo del ejercicio en el poder una caja chica para lucrar con el dinero de la nación sin dimensionar el enorme daño que le ha causado al país
Por Luis Díaz Luna*
Ningún partido político se salva, todos han robado como si este acto fuese un deporte nacional. El actual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo de su trayectoria política ha manifestado que el cáncer llamado corrupción ha dilapidado todos los órdenes institucionales y en su sexenio combatirá este acto deleznable. Es claro que López Obrador tiene un reto de enormes dimensiones para dar un giro a la administración pública.
Para combatir la cleptocracia existente no sólo se requiere de buenas intenciones, sino también se necesita un cambio institucional que pavimente la certeza de que en México sí se puede desterrar la corrupción. Es por ello que la gestión de López Obrador tiene la oportunidad de hacer cambios legislativos para que la corrupción a todos los niveles sea castigada de forma severa.
Hasta ahora, se ha manifestado la intención de poner en marcha una estrategia para vigilar el quehacer de los gobiernos estatales por medio de los delegados federales en todas las entidades, dicha acción es mal vista por los gobernadores, quienes argumentan que se está violentando la autonomía de los estados; sin embargo, los desvíos que se han encontrado por parte de exmandatarios hacen viable esta estrategia.
El establecimiento del poder basado en el robo del capital ha traído consigo déficit económico en las arcas de las universidades públicas, en la mejora de los servicios que deben atender los municipios, pero también ha impactado en temas como la salud, con el desabasto de medicamentos y una buena atención en el sistema de salud nacional, asimismo, el robo institucional ha repercutido en fenómenos como el robo de combustibles.
Los ejemplos mencionados son temas a los que se enfrentará la administración venidera, además de muchos otros, en su totalidad y que deben ser enfrentados. No fue casual que un amplio espectro de la sociedad le dio el beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador para dirigir esta nación, pues fue el único de los candidatos que puso un particular énfasis en los temas relacionados con la corrupción y el imperante desfalco de los bienes públicos.
El verdadero reto del primer gobierno emanado de siglas diferentes al PAN y al PRI no radica en cumplir con las becas prometidas a los sectores poblacionales desfavorecidos, así como tampoco deben ser una prioridad los proyectos de infraestructura que se planean en el sur del país, pues lo que urge es combatir de forma frontal la corrupción.
Para ello, se debe hacer un cambio en las leyes existentes, pues sólo por la vía institucional se podrá dar un verdadero cambio. Pensar que la corrupción se va a desterrar en un sexenio es sencillamente imposible, pero sí es posible que en los próximos seis años se pueda pavimentar el camino para que la clase política, en su totalidad, entienda que el servicio público no es sinónimo de enriquecimiento a partir del ejercicio del poder.
Para 2021, cuando sea la renovación del Congreso, López Obrador y Morena deberán dar cuentas claras al electorado, pues un gran número de esos 30 millones de votos que llevaron el poder al oriundo de Macuspana, Tabasco, exigirá resultados claros en los temas de corrupción en la gestión gubernamental. En caso de que no haya cambios, entonces vendrá una enorme crisis de credibilidad y, eventualmente, se puede desfondar el proyecto lopezobradorista.
La idea de los delegados federales es sensata y se entiende, pero no será suficiente mientras no haya un fiscal Anticorrupción a nivel federal, así como también en todos los estados. La cleptocracia ha llevado al Partido Revolucionario Institucional y a Acción Nacional a la peor crisis de su vida política.
Andrés Manuel López Obrador debe entender perfectamente esto, pues si no se combate y se transparenta el ejercicio público en todos sus niveles, no va importar demasiado el resultado de los programas de gobierno que se pretendan poner en marcha, pues al final siempre estará latente la posibilidad de que se siga fomentando el capitalismo de amigos por medio de las licitaciones públicas para favorecer a determinados empresarios y que se dé una nueva Estafa Maestra, y eso es justo lo que puede hundir el barco de López Obrador. Espero su retroalimentación y comentarios vía Twitter: @LuisDiazLuna
Periodista