En el Día Nacional de la Adopción, 692 niños esperan una familia

Hay un dato en el Cuarto Informe de Adopción del Instituto Newman que debería quitarnos el sueño: en Durango, una persona con discapacidad lleva 28 años viviendo en una institución. Ingresó en mayo de 1997. Para ponerlo en perspectiva, cuando esa persona entró a un Centro de Asistencia Social, todavía no existía Google. 

No es un caso aislado. Es el síntoma más extremo de un sistema que, pese a avances reales, sigue fallándole a miles de niñas, niños y adolescentes que crecen entre paredes institucionales mientras el aparato burocrático se mueve con una lentitud que raya en la crueldad.

El informe, que recoge datos de 27 entidades federativas entre abril de 2024 y abril de 2025, arroja una paradoja difícil de digerir. Por un lado, las adopciones concluidas aumentaron 15.6%: 593 menores de edad se integraron a una familia de manera definitiva. Es la mejor cifra en cuatro años de medición y merece reconocimiento. Por otro lado, 692 niños ya declarados susceptibles de adopción —es decir, legalmente listos para ser adoptados— siguen sin que se les asigne una familia. La brecha es de 70%, prácticamente idéntica al periodo anterior.

¿Cómo es posible que haya casi 700 niños con los papeles en orden y nadie del otro lado?

La respuesta tiene, al menos, dos caras. La primera es la insuficiencia de familias dispuestas y preparadas. La mayoría de los solicitantes ven la adopción como una solución a problemas de infertilidad o incapacidad biológica de procrear un hijo; no lo es. Ellos vienen con la idea de que el DIF es una especie de catálogo de bebés. La realidad es que los niños que esperan ser adoptados, en su mayoría, tienen más de 7 u 8 años, tienen hermanos, vienen con condiciones médicas o psicológicas por el trauma de separación u abandono y, como el caso de Durango, tienen discapacidad. Y por esa razón los solicitantes no los quieren. Buscan cumplir una fantasía tipo Disney de tener un hijo bebé sin problema alguno. La realidad es que un niño abandonado ya tiene un problema original, el abandono o separación por sí mismos. 

La segunda cara es judicial. De 344 juicios de pérdida de patria potestad tramitados, apenas 70 concluyeron con sentencia firme. Uno de cada cinco. La ley otorga 90 días hábiles improrrogables para que un juez dicte sentencia, pero, en la práctica, esos plazos se vuelven ficción. Los obstáculos reportados son los mismos de siempre: dificultad para emplazar a las partes, tribunales saturados, jueces sin formación en derechos de la infancia. Mientras tanto, los niños siguen institucionalizados y cada tres meses que pasan en una institución, según Unicef, pierden un mes de desarrollo. Hagan la cuenta para el caso de Durango.

Hay que detenerse en los casos de institucionalización prolongada porque revelan un patrón que este informe documenta con crudeza. En Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Puebla hay menores con 17 años viviendo en centros de asistencia. En Nuevo León, 18 años. Muchos de estos casos involucran a personas con discapacidad para las que simplemente no existen programas ni familias preparadas. De las 593 adopciones concluidas, sólo 14 —2.4%— correspondieron a menores con discapacidad. Es un porcentaje que delata una deuda enorme.

La publicación de los Lineamientos en Materia de Adopción del Sistema Nacional DIF en enero de 2025 es un paso en la dirección correcta. Pero un lineamiento sin implementación es papel muerto, y el informe deja claro que la heterogeneidad entre estados sigue siendo abismal. Puebla integra un diagnóstico en cinco días hábiles; la Ciudad de México, en un año. En tres estados ni siquiera se evalúa la disposición de los adoptantes a contarle al niño la verdad sobre su origen. Los criterios de evaluación psicológica varían tanto de un estado a otro que resulta difícil hablar de un sistema nacional.

Lo que este informe pone sobre la mesa, por cuarto año consecutivo, es que México tiene un problema estructural con la restitución del derecho a vivir en familia. 

En el Día Nacional de la Adopción falta que el gobierno instrumentalice más información acerca de que ningún adulto, pareja o forma familiar tienen derecho a adoptar, quienes tienen derecho son los niños a vivir en una familia, por eso es que, en la adopción, las expectativas y deseos de los adultos pasan a segundo término, todo el proceso vela por el bienestar de niñas, niños ya adolescentes.

*Director del Instituto Newman