Ciudad de México protege el patrimonio familiar ante el despojo

A veces, las problemáticas que atiende un Poder Ejecutivo local, bien sea municipal o estatal, parecen estar por delante de toda capacidad administrativa y humana; continuamente observamos a gobiernos locales actuar de manera reactiva ante el devenir de conflictos y vicisitudes conforme se le van presentando.

Con menor frecuencia, quienes ejercen las posiciones de poder están enterados del statu quo que guarda el territorio que gobiernan; así ha sido en el caso del despojo de viviendas en alcaldías centrales de la Ciudad de México porque el hoy secretario de Gobierno, César Cravioto, ha informado puntualmente a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la situación observada en este hecho desde antes a tomar posesión de sus actuales cargos.

Así lo demuestran los hechos, como la conformación del Gabinete contra Despojos en la Ciudad de México (abril, 2025), creado bajo instrucción de la jefa de Gobierno como instancia de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Poder Judicial y la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. Bajo el foco mediático, el despojo alcanzó la viralidad a mediados de 2026.

Hacia finales de 2025, el Gabinete contra Despojos en la Ciudad de México ya había atendido 4 mil 71 denuncias de este delito, tipificado en el Código Penal local, que afecta directamente el patrimonio de las y los habitantes de la ciudad e indirectamente la seguridad jurídica local. De abril a diciembre de 2025 fueron iniciados 399 expedientes por despojo, fueron realizadas 290 operaciones en inmuebles y se logró la restitución de 94 predios a sus legítimos propietarios, además del aseguramiento de 10 inmuebles. Asimismo, desde el primer año de la actual administración el Gabinete contra Despojos estableció un mecanismo de contacto directo con la ciudadanía, a través de la Mesa de Atención contra el Despojo en las audiencias públicas del Zócalo de Gobierno Ciudadano; cada martes ahí se puede recibir asesoría y dar seguimiento a la recuperación de inmuebles.

Bajo el marco de su Primer Informe, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó al Congreso de la Ciudad de México, en octubre de 2025, un paquete de iniciativas de reforma al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Registral y la Ley de Notariado. Aprobado por el Congreso capitalino, en los principales cambios está el fijado de penas base, como 6 a 11 años de prisión y de 12 a 22 cuando existan agravantes, como la participación de notarios, servidores públicos, falsificación de documentos o simulación de actos jurídicos, entre otros.

Como lo anticipó el secretario de Gobierno, César Cravioto, desde que comenzó este año, en 2026 la estrategia contra el despojo se vería fortalecida, pues es prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México proteger el patrimonio de las familias capitalinas. Entre estas nuevas acciones podemos destacar el Programa de Defensoría Social Ponciano Arriaga, mediante el cual un equipo de 100 abogados especialistas proporciona atención, asesoría y acompañamiento jurídico a las víctimas de este ilícito.

Consciente de que uno de los mayores retos está en la agilización de los tiempos de respuesta, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobierno para investigar y atender la ocupación ilegal de viviendas y propiedades.

Tan sólo en agosto de 2026 fueron recibidas 315 denuncias, confirmados como despojo 61 casos, 22 inmuebles fueron asegurados, 17 están en proceso judicial y cinco acuerdos reparatorios. En todo el año se ha detenido a 114 personas por este delito.

*Analista