Buenas nuevas  para don Juan Carlos

Por Fernando Aguirre

“Las personas con responsabilidades públicas tenemos el deber de observar un comportamiento ejemplar y cualquier situación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”, espetaba en diciembre 2011 el ahora rey emérito de España, Juan Carlos I.

Diez años después, urgido de salir de su mala racha, las “buenas noticias” llegaron para el anterior soberano desde el Ministerio Público de Ginebra, Suiza, quien ordenó el cierre parcial del caso abierto en su contra desde 2018 por presunto lavado de dinero.

El revés por parte de la fiscalía del cantón suizo no supone el fin de las investigaciones abiertas en España, tampoco presume que sea una puerta abierta para que don Juan Carlos regrese pronto de su exilio dorado en los Emiratos Árabes Unidos, de hecho, ha trascendido que la posición de la Casa Real es que no vuelva a su país hasta que resuelva sus problemas con la justicia.

La investigación suiza, que terminó en un carpetazo, derivó de reportajes periodísticos que señalaban al exjefe de Estado español de haber recibido comisiones ilegales en el marco de contratos públicos obtenidos por empresas españolas para la construcción del tren de alta velocidad entre la ciudad de Medina y La Meca en Arabia Saudita, y que estos sobornos se habían ocultado parcialmente en cuentas bancarias en Suiza, bajo la identidad de varios prestanombres.

Después de poco más de tres años de investigación, llama la atención el dictamen de la justicia ginebrina, que afirma que Juan Carlos I efectivamente recibió la suma de 100 millones de dólares, el 8 de agosto de 2008, a cuenta de la fundación Lucum, abierta en el banco Mirabaud & CIE SA en Ginebra, pero estos provinieron, ni más ni menos, que del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita.

Y no sólo eso, también el procedimiento reveló que en la cuenta de la misma fundación se recibieron pagos por casi 9 millones de dólares procedentes de países como Kuwait y Bahréin, los cuales “no fueron suficientemente documentados por los acusados”, entre los que figura Corinna zu Sayn-Wittgenstein, involucrada sentimentalmente con el rey emérito.

La autoridad suiza acreditó que la cuenta de la fundación Lucum se cerró en junio 2012 y se traspasó su saldo, aproximadamente 65 millones de euros, a una cuenta en las Bahamas de una sociedad domiciliada propiedad de Corinna zu Sayn-Wittgenstein. En pocas palabras confirma lo que diversos medios apuntaban, que en su “generosidad infinita”, don Juan Carlos habría donado ese dinero a su examante.

De todo este entramado helvético, Juan Carlos I sale librado con el fallo de la autoridad que determina que “la investigación no ha permitido establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudita y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad”, y sólo se limitó a condenar a los involucrados a pagar una multa.

El “cierre parcial” de este asunto, que es uno de los que más ha contribuido a poner en tela de juicio no sólo la credibilidad y reputación de la monarquía española, sino también la del propio Juan Carlos I y su paso a la historia, deja en suspenso saber los motivos por los que el entonces rey habría recibido 100 millones por parte del gobierno saudita y otros millones más de países del golfo Pérsico. Mientras se resuelven los temas amorosos, familiares y judiciales de don Juan Carlos, basta revisar las tendencias en redes sociales de los últimos días y la guerra de encuestas presentados por medios afines a la Corona y los que se declaran independientes para percibir la polarización que este tema genera entre quienes lo ven como un valor fundamental de la democracia de ese país y apoyan su regreso del destierro; y quienes lo consideran perjudicial para la monarquía, están a favor de retirarle el título de rey emérito y exigen un referéndum para la continuidad de la monarquía o la instauración de la república.