Recordar lo básico de las elecciones

Por Jaime Rivera Velázquez

Consejero del INE

Sin embargo, una gran parte de los mexicanos se siente insatisfecha con el sistema democrático, incluidas las elecciones. Algo no está bien asentado en el imaginario colectivo. Entre la realidad y la percepción se interpone un velo de desconfianza que se nutre de mitos, verdades a medias o mentiras deliberadas. Por eso es importante volver a lo básico; recordar algunos de los pilares de los procedimientos electorales mexicanos que hacen de las elecciones ejercicios objetivamente limpios y auténticos.

Empecemos por lo más general. En México existe una pluralidad de partidos políticos que compiten en libertad por difundir sus propuestas de gobierno y atraer el voto de los ciudadanos. El poder político se distribuye variablemente entre esa pluralidad de fuerzas políticas. ¿Parece poco? Hace treinta años esa competencia en México era estructuralmente muy desequilibrada y el poder político era casi monopólico. Ya no es así.

Y en el escenario mundial persisten algunos regímenes de partido único y libertades políticas prácticamente nulas. México nunca estuvo en la lista internacional de dictaduras de partido único y ahora se incluye legítimamente entre las democracias del mundo.

En México el sufragio es un derecho universal que se ejerce de manera libre, directa y secreta. Para garantizar la libertad y la autenticidad de ese derecho, nuestro país cuenta con uno de los padrones electorales más eficientes del mundo: con una cobertura cercana al 98 por ciento de los mayores de 18 años, y reglas de seguridad, transparencia y confiabilidad ya prácticamente indiscutibles. Gracias al padrón y la lista nominal de electores, hay garantía plena de que todos los ciudadanos pueden ejercer su derecho al voto y nadie puede suplantar a otro en ese ejercicio. La credencial para votar es también el medio de identificación por excelencia; todos confían en ella.

Las elecciones mexicanas son organizadas por organismos autónomos, con dirección colegiada a la vista de los partidos y sujetos a normas y procedimientos estrictos. Hace mucho tiempo que el gobierno dejó de ser el organizador y árbitro. Además, todos los actos de la autoridad electoral administrativa son recurribles ante tribunales también autónomos. Los derechos políticos de los partidos y los ciudadanos están garantizados. El arbitraje electoral está obligado a ser imparcial y transparente.

El eslabón más decisivo de unas elecciones, la jornada electoral, se deposita en mesas directivas de casilla, integradas por ciudadanos vecinos de la sección electoral de que se trate, cuya designación pasa por sorteos, capacitación imparcial y verificada, y selección por órganos colegiados ciudadanos. Su imparcialidad está asegurada.

Además, el trabajo de esas mesas directivas está sujeto a la vigilancia de los representantes de los partidos y de observadores electorales. Tanto la emisión de los votos por los ciudadanos como el cómputo de resultados, son procesos vigilados y verificables.

Un conjunto de medios e instrumentos electorales están diseñados para garantizar la libertad y la autenticidad del voto. Las boletas de votación son prácticamente infalsificables y se les resguarda rigurosamente antes y después de la jornada electoral.

Los electores emiten su voto dentro de canceles que les garantiza el secreto, una de las condiciones de la libertad del sufragio. La identificación con la credencial para votar, la verificación del nombre y la fotografía en el listado nominal, así como la aplicación de líquido indeleble en el pulgar, son medidas que garantizan que nadie pueda suplantar a otro elector ni votar más de una vez por el mismo cargo. El fraude electoral, o sea la falsificación de votaciones, es prácticamente imposible.

Apenas concluidos el escrutinio y cómputo en las casillas, empiezan a funcionar los Programas de Resultados Electorales Preliminares, que brindan al público información temprana, detallada y transparente de los resultados de votación. No hay mucho margen para ocultar o maquillar las cifras electorales. El público puede conocer tendencias de votación en la misma noche de la jornada electoral.

Y tres días después se inician los cómputos distritales o municipales (según sea el caso), conducidos por consejeros ciudadanos, en los que se cotejan las actas de escrutinio con las copias de las mismas que poseen los partidos; si hay dudas sobre la autenticidad de algunos datos, se lleva a cabo el recuento de los votos, revisando y contando cada una de las boletas.

Es prácticamente imposible falsificar los resultados de la votación emitidos desde las casillas. Y aun así, los partidos tienen derecho a pedir a los tribunales electorales que los revisen.

Así las cosas, puede afirmarse que el acto de votar en la casilla y la emisión de resultados de las elecciones son procesos sólidamente garantizados en cuanto a su libertad y autenticidad. Sin embargo, no puede negarse que las elecciones en México aún están expuestas a factores que afectan la equidad en la contienda. El gasto de algunos partidos y candidatos por encima de lo permitido por la ley, puede manchar de origen las votaciones; la intervención ilegal de gobiernos para inducir el voto de los gobernados, también. Las marcadas desigualdades sociales y el peso de las estructuras corporativas hacen a una parte de la población vulnerable a la manipulación. Aunque los votos depositados en las urnas se respeten, una parte minoritaria de éstos puede estar desvirtuada de origen por las dádivas, el clientelismo, la utilización de la ignorancia. De ahí que sea necesario reforzar las medidas de la autoridad electoral para propiciar una cancha pareja para todos los contendientes e impedir la manipulación de los votantes desde antes de la jornada electoral.

Las elecciones mexicanas no son perfectas, es cierto, pero no deberíamos olvidar ni menospreciar las reglas, mecanismos y garantías que poseen, es decir lo básico de unas elecciones democráticas, porque conquistarlas y preservarlas no ha sido fácil.