¿Putin y Trump, en el banquillo de los acusados?
Por Jack Goldsmith * La acusación del gran jurado de Nueva York contra el expresidente estadunidense Donald Trump, por delitos vinculados al pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, se produce después de la orden de arresto emitida, hace ...
Por Jack Goldsmith *
La acusación del gran jurado de Nueva York contra el expresidente estadunidense Donald Trump, por delitos vinculados al pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, se produce después de la orden de arresto emitida, hace dos semanas, por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de deportar niños desde Ucrania. Estos casos resaltan la creciente, y potencialmente peligrosa, injerencia del derecho en la política doméstica e internacional.
Ambos acontecimientos son revolucionarios. La acusación de Trump es la primera contra un presidente en funciones o un expresidente en la historia de EU. De la misma manera, las cortes internacionales sólo han emitido un puñado de órdenes de arresto contra jefes de Estado. Estas acciones legales fijarán precedentes de relevancia y podrían tener enormes consecuencias, aun si no resultan en condena penal. La pregunta es si los precedentes serán afortunados, y si las consecuencias serán positivas en conjunto.
Según el procurador de la CPI, Karim A. A. Kahn, la orden de arresto ofrece la esperanza de que Putin sea “considerado responsable” por sus crímenes contra niños ucranianos, y quizá por los muchos otros crímenes que ha ordenado en Ucrania. Asimismo, aun si Putin nunca termina en el banquillo de los acusados en La Haya, la orden de arresto, observa la CPI, “podría contribuir a prevenir que se cometan crímenes en el futuro” en Ucrania.
En su rol de jefe de políticas del International Crisis Group, Stephen Pomper le preocupa que la medida pueda hacer que Putin resulte aún más peligroso y destructivo, que entorpezca cualquier proceso de paz en el futuro y que impida la cooperación multilateral en relación con cuestiones colaterales, como la asistencia humanitaria en Siria y Afganistán.
El procesamiento de Trump conlleva ventajas y desventajas análogas. Trump merece ir a la cárcel si violó el derecho penal de Nueva York. El hecho de que sea un expresidente es irrelevante. Y la condena de una figura tan poderosa sería una reivindicación especial del Estado de derecho. La acusación, como arguye Alexander Burns, también podría perjudicar políticamente a Trump al sensibilizar al votante marginal sobre la inmoralidad e incapacidad del expresidente para el cargo.
Pero también podría tener el efecto opuesto. En términos generales, se considera que el caso del fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin L. Bragg, es débil.
La política cortoplacista de la acusación de Bragg y las respuestas furibundas de Trump son difíciles de evaluar, pero es probable que el episodio tenga un impacto negativo en las investigaciones más serias sobre Trump que está llevando a cabo Jack Smith, fiscal especial federal, como la posesión por parte de Trump de documentos clasificados.
La esperada acusación en el caso federal inevitablemente será polémica, porque vendrá del Departamento de Justicia de la administración de Biden después de que Trump ya haya anunciado su candidatura presidencial para 2024.
Uno podría pensar que los temores sobre las consecuencias prácticas de procesar a Putin y a Trump son irrelevantes. Después de todo, ambos han cometido actos muy malos, y el Estado de derecho exige que sean castigados. Fiat justitia, ruat caelum (que se haga justicia, aunque se desplomen los cielos).
Si la orden de arresto de la CPI conduce a más muerte y sufrimiento, la corte y el proyecto más amplio del derecho penal internacional terminarán desacreditados. Si la acusación de Nueva York envalentona a Trump, muchos norteamericanos la verán como un error trágico.
No podemos saber hoy si estas cosas sucederán, o si se las verá de esta manera. Pero, de ser así, obviamente, no se habrá hecho justicia.
* Profesor de Derecho en la Escuela de Derecho
de Harvard y miembro sénior de la Hoover Institution.
Copyright: Project Syndicate, 2023.