Por César Alejandro Ruiz Jiménez*
El activismo judicial se convirtió en la excusa perfecta para la narrativa de una necesidad de reformar el Poder Judicial. Ciertamente, algunos jueces federales emitieron suspensiones en materia de amparo que hicieron levantar las cejas. No obstante, esos ejemplos excepcionales no podían servir de diagnóstico de los cientos de resoluciones que mensualmente se emitían. Sobre esa base, se acusó al Poder Judicial de invadir competencias, obstaculizar políticas públicas y pretender gobernar desde los tribunales. El concepto terminó utilizándose para describir cualquier decisión judicial que limitara al poder político.
La reforma judicial de 1994 transformó al Poder Judicial en un tribunal constitucional. A partir de entonces, a su función se añadió contener los abusos del Ejecutivo, controlar la constitucionalidad de las normas y corregir las omisiones, contradicciones y deficiencias del sistema jurídico.
En la práctica, esto implicó que los jueces suplieran muchas de las carencias institucionales del Estado. Mientras el Ejecutivo concentraba poder y con frecuencia hacía caso omiso de la ley; el Legislativo producía normas ambiguas, contradictorias o técnicamente deficientes. Ante ello, el Poder Judicial intentaba armonizar el sistema constitucional. Era inevitable que ello expandiera su protagonismo. Aquí está la contradicción que nos negamos a ver: le pedimos al Poder Judicial que se convirtiera en órgano de control de los otros dos Poderes, pero juzgamos con lupa el ejercicio de su función, aunque no hacemos lo mismo con las legislativas y ejecutivas.
La contradicción es que este camino no terminó con el activismo judicial. Lo hizo más fuerte, más evidente y peor: alineado a los intereses del gobierno, no del ciudadano. Basta con escuchar las intervenciones que leen algunas ministras de la Corte:
Por ejemplo invocan “fallas estructurales” para imponer el aborto como servicio de salud generalizado; mientras niegan lentes, aparatos auditivos, prótesis y órtesis externas a derechohabientes del IMSS. La búsqueda de impartición de justicia es, por lo menos, selectiva.
Ello se parece mucho a la línea discrecional actual del Poder Ejecutivo. Hace apenas unos meses observamos cómo decenas de personas fueron enviadas a EU sin un proceso de extradición ni control judicial. Pero cuando la solicitud de envío se refiere a un gobernador del partido en el poder, se habla de soberanía nacional, el debido proceso y la presunción de inocencia. Esa discrecionalidad destruye la igualdad jurídica.
En tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial parece mucho más atento a sancionar jueces incómodos que a corregir la notoria ineptitud de los juzgadores alineados políticamente. Hoy un juez puede equivocarse gravemente por ignorancia o incapacidad sin enfrentar mayores consecuencias pero si incomoda al poder, aparecen los mecanismos disciplinarios.
El resultado de la reforma judicial es contradictorio con su propósito. No sólo no eliminó el activismo judicial: lo hizo más poderoso, más selectivo y mucho más cercano al poder político.
Ahora que tímidamente comenzamos a explorar opciones para corregir la llamada reforma judicial, podemos explorar un camino diferente. Un camino más institucional. Dejar de pulverizar lo que queda de la función judicial y profesionalizar al Legislativo y al Ejecutivo.
Ha llegado el momento de plantear una carrera legislativa, mayores exigencias técnicas para quienes elaboran las leyes, equipos permanentes de especialistas, evaluación de impacto normativo y mecanismos institucionales de diálogo constante con los sectores afectados por las decisiones públicas. Mecanismos de evaluación. Tribunales de disciplina cuando le fallen a sus votantes.
La profesionalización e institucionalización de los poderes Ejecutivo y Legislativo no sólo reducen el margen para el activismo judicial, sino consolidan el Estado de derecho y hacen más eficaz el ejercicio del poder público. Continuar con el deterioro de la función judicial confirmará un terrible diagnóstico: el problema nunca fue el activismo judicial, sino su independencia.
*Analista