En varias ocasiones durante los últimos 11 meses pregunté aquí qué fuerza político-criminal estaría protegiendo a Ricardo El Pity Velarde. Porque sólo una estructura de grueso calibre podía mantener a buen resguardo a quien, siendo secretario de Economía del gobierno de Rubén Rocha, era también copropietario del bar —el Terraza Valentino, de Mazatlán— de donde se llevaron al joven Carlos Emilio Galván. Ayer se conoció que la UIF ha bloqueado las cuentas bancarias de El Pity y de algunas de sus empresas. El hombre no se irá completamente impune. Cabe suponer ahora que la justicia no se detendrá ahí. Brenda Valenzuela, la madre de Carlos Emilio, me dijo hace unas semanas que, lejos de colaborar en la investigación de lo ocurrido, El Pity permitió que su establecimiento y sus empleados editaran videos que eran esenciales para dar con su hijo. El 5 de octubre, dentro de cuatro semanas, se cumplirá un año de la desaparición. Sin dinero en la mano y con su red de protección supuestamente mermada, no debe ser difícil dar con el escondite del secretario de Economía que entregaba los baños de su bar para que los puchadores vendieran drogas e hicieran lo que se les pegara la gana con los clientes. Total, era la Sinaloa de Rubén Rocha. Y de los Pitys.