Hay realidades que no pueden cargársele por completo a un gobierno. Pero si ese gobierno se presenta como el gran régimen transformador que todo lo puede, el señalamiento de su responsabilidad en un fracaso tan grave es inevitable. La 4T prometió que México dejaría atrás su larga era de impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización, elaborada por el Inegi y dada a conocer a finales de semana, demostró que, lejos de eso, la impunidad sigue campeando. Cuando López Obrador asumió el poder, en 2018, los mexicanos sólo denunciaban uno de cada diez delitos de los que eran víctimas; y apenas uno de cada 100 ilícitos terminaba con una acción de la autoridad en favor del denunciante. Es la misma cifra que arrojó la Encuesta al medir el año 2025: 9.6% de los delitos fueron denunciados y sólo 1% de los denunciantes obtuvo algún resultado: recuperó sus bienes, logró que se detuviera a los delincuentes o recibió la reparación del daño. El México de Claudia Sheinbaum, pues, es idéntico al de López Obrador. Y peor que el de Peña Nieto, Calderón, Fox. El gobierno comenzará a difundir en unos días el balance del segundo año de la administración de Sheinbaum. Cualquier triunfalismo tendrá de fondo un país en el que los delincuentes actúan con una probabilidad de éxito de 99 por ciento. Porque, en el capítulo de la impunidad, han sido siete años tirados a la basura.