La FGR concretó ayer un golpe de efecto con la captura e internamiento en el penal del Altiplano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
La fiscal Ernestina Godoy informó —12 años después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa— que Aguirre es supuesto responsable de ocultar y destruir, de manera dolosa y deliberada, unos videos: los del Puente del Chipote, en Iguala, donde se vería cómo un grupo de normalistas es interceptado y obligado a descender de un autobús antes de ser ejecutado y desaparecido.
Se omitió informar que las grabaciones fueron demeritadas en su momento por considerarse poco nítidas y de escasa utilidad, y que diversos testimonios permitieron a distintas investigaciones esclarecer ese instante. Pero ahora se presume que los videos eran de gran valor probatorio y que fue Aguirre quien ordenó destruirlos.
Todo indicaría que el principal asidero de la FGR vuelve a ser el testimonio de detenidos que, por lo visto, obtuvieron un criterio de oportunidad y beneficios en sus medidas cautelares: la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, y el secretario de Seguridad en tiempos de Aguirre, Leonardo Vázquez.
La FGR proclama así la captura de un pez gordo, al que tuvo a la mano durante 12 años, y que hoy presenta como un preso de alta peligrosidad. Parece otra historia difícil de creer. Una más.