El sábado expuse aquí, como ejemplo de desaparición forzada, el caso de Carlos Emilio Galván: un joven privado de su libertad en un bar de Mazatlán, propiedad de un secretario del gobierno de Sinaloa, y de quien, pese a la visibilidad del acto, nada se sabe. La familia denuncia una pobre colaboración oficial: en los hechos, las autoridades se habrían negado a trabajar y cooperar. El mismo sábado, un juez de Control vinculó a proceso a Hernán Bermúdez por, precisamente, desaparición forzada. Como se sabe, Bermúdez fue secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco entre 2019 y 2024 y permanece preso desde septiembre por distintas acusaciones. Es comprensible la renuencia del gobierno de México a admitir que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tiene razón y que el país sigue siendo devorado por ese crimen de lesa humanidad, pero ¿de qué hablamos cuando hay indicios potentes de que el responsable de la seguridad en una entidad habría comandado desapariciones forzadas? Bermúdez, acción. Carlos Emilio, omisión. Y cientos de señalamientos y relatos que apuntan a la participación o la negligencia de las autoridades. Aun así, todo indica que la 4T no se permitirá reconocer el agravamiento en los últimos años de esta tragedia. Es una intransigencia que da miedo. Y que, de entrada, contradice las mejores prácticas humanistas.