En la próxima sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), citada para el próximo jueves 25 de junio, éste deberá dar la bienvenida a la justa por la democracia a un nuevo participante, Somos México, organización de la que me enorgullezco en formar parte. Durante 16 meses hemos superado una carrera de obstáculos que nos harían merecedores de un nutrido medallero olímpico. Y si de futbol se trata, en las últimas semanas paramos dos intentos de goles por parte de Morena, que envidiarían Jorge Campos y Memo Ochoa juntos. No se encontraron ministros de culto en puestos directivos, como afirmaron militantes de Morena, que ahora están demandados penalmente. Y el INE y el TEPJF ratificaron que decenas de miles de afiliaciones recientes del partido oficial, afiliados con puntería precisa para afectar el numero requerido de asambleas de Somos México, no estaban respaldadas con la documentación que exigida por el INE.
Hay diversas razones por las cuales los partidos políticos con registro no reciben con entusiasmo la presencia de nuevas organizaciones. Una, obvia, es el aumento de la competencia política. Todos, nuevos y viejos, competiremos por conquistar el voto del mismo universo de 100 millones de electores. Pero hay otra razón más terrenal: por disposición de la Cámara de Diputados la bolsa de recursos para los partidos políticos, los existentes y los que se registren cada seis años, es la misma. No crece. Éste es uno de los incentivos para que los partidos políticos intervengan con todo tipo de triquiñuelas para impedir que nuevos partidos políticos obtengan su registro este junio de 2026.
La bolsa de financiamiento público para 2026 es de poco más de 7 mil millones de pesos. No crea que es tanto. A la democracia hay que invertirle. El presupuesto para el Tren Maya es de 40 mil millones, una inversión para perder. A Morena le tocan poco menos de 3 mil millones, sin tomar en cuenta el trabajo de los Servidores de la Nación más, como se acaba de descubrir, las “aportaciones” de la Financiera del Bienestar para ayudarla a “dispersar apoyos”. Como a partir de septiembre se inicia el año electoral, hay que agregar 30% más, unos 24 mil millones más.
A los partidos de nuevo registro se nos asigna 2% de la bolsa total, es decir, 154 millones aproximadamente, 13 millones mensualmente. Más 30% por el año electoral. Y una cantidad igual de desproporcionada va para el acceso a radio y televisión. El financiamiento privado puede subsanar parcialmente esa desventaja monumental: casi tres mil millones (por lo menos) para el partido del régimen, 154 millones para un recién llegado. El financiamiento privado se permite siempre y cuando sea menor al público y cumpla una regulación tan estricta que, en nuestra experiencia, aleja a los donantes. Hay que tomar en cuenta lo siguiente: a los empresarios y productores en general los extorsiona el SAT, los extorsionan los gobiernos estatales y los megaextorsionan los gobiernos municipales. Ellos mismos saben y así se expresa en las encuestas sobre confianza empresarial, que están prácticamente indefensos legalmente frente a los gobiernos de Morena. Mejor no provocar su ira. Y no tomo en cuenta la extorsión que practica el crimen organizado en las regiones en las que opera con relativa libertad.
Y sin embargo hubo personas que se atrevieron a donar públicamente. Como me dijo una de ellas recientemente: “Sabemos que nos van a hostigar, pero la actividad política juega un papel de impacto positivo más profundo que la filantropía”. Y lo mismo se puede decir de los cientos de miles que acudieron a nuestras asambleas, pública y entusiastamente a pesar del ambiente de polarización que fomenta el actual gobierno. Sin ese convencimiento de que hay que participar activa y abiertamente no hubiera sido posible cumplir con las condiciones rigurosas y excesivas que pide la Ley General de Partidos Políticos para el registro de nuevos partidos.
México enfrenta retos nuevos y sin precedentes. Varios de estos resultado del proyecto mesiánico que instrumentó el expresidente López Obrador y que en mucho comparte el gobierno actual. Y otros, resultado de un desorden internacional que rechaza las reglas que permitieron 80 años de paz. Y un vecino, Estados Unidos, en crisis de identidad. Para encarar esos desafíos no basta una cabeza fría sino muchas. En especial, una Cámara de Diputados autónoma, fuerte que ejerza un liderazgo responsable, sepa decir “no” cuando haya que hacerlo y colaborar cuando sea necesario. Ése es el reto para 2027: ganar la Cámara de Diputados y ponerla al servicio de México, no de un partido.