Favor de legislar para Bolsonaro
En la iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional enviada recientemente al Senado por el Presidente, a los delitos de traición a la patria y graves del orden común se agregan como causales de juicio político, los delitos electorales y actos de corrupción. López Obrador argumentó que con esta reforma que quita el fuero al titular del Ejecutivo, se le juzgará “como cualquier ciudadano”.
El único problema es que el Presidente no es cualquier ciudadano. La Constitución dedica todo un capítulo y 11 artículos al Poder Ejecutivo del cual es titular el Presidente de la República. ¿Qué pasaría si en las elecciones legislativas de 2021, Morena pierde la mayoría y la polarización fomentada por el actual gobierno da un vuelco de 180 grados como ha sucedido ya en varios países? Qué regalo para nuevos o viejos adversarios del actual gobierno y de cualquier gobierno futuro: sentar al presidente en el banquillo de los acusados, por ejemplo, por delitos electorales, tan fáciles de cometer y tan difíciles de probar. Autogol garantizado.
Para legislar cambios constitucionales hay que realizar un experimento mental radical: imaginar que se está legislando con la probabilidad de entregar el poder al peor enemigo, imaginemos, a un Bolsonaro mexicano. Por ejemplo: en la iniciativa presidencial de reforma al artículo 3ro constitucional, se introduce el “interés supremo de la impartición de la educación”. ¿Qué haría con ese texto un presidente emanado de la CNTE? ¿O uno emanado de la Unión de Padres de Familia? Ambos serían una tragedia pues da rango superior al interés del educador (de ultraizquierda o ultraderecha) por sobre el de la niñez.
A diferencia de leyes secundarias, cuando se trata de reformas constitucionales se debe pensar a largo plazo. Por ello es que reformar la Constitución requiere una mayoría calificada en ambas Cámaras: dos terceras partes de los legisladores presentes. Al exigir esa mayoría calificada, incluida en numerosas constituciones en el mundo, el Constituyente permanente buscó dificultar cambios caprichosos, que no gozaran de un consenso realmente mayoritario o que acarrearan cambios costosos o irresponsables. Las mayorías constitucionales automáticas son propias de la época del partido de Estado que creíamos haber dejado atrás para siempre.
Aún en la época del PRI todopoderoso, las reformas constitucionales que no tuvieran un consenso fuerte sólo podían sostenerse por el sometimiento total del Poder Judicial al Ejecutivo. Por ejemplo, las reformas constitucionales que permitieron la nacionalización de la banca en 1982, fueron impugnadas mediante amparo al que no le dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con el triunfo de Miguel de la Madrid, tres meses después fueron revertidas porque el Partido Revolucionario Institucional volvió a ganar una mayoría constitucional. Afortunadamente, ni el tsunami del pasado 1ro de julio le otorgó al presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría constitucional que requiere para hacer reformas sin la participación de otras fuerzas políticas.
Imaginemos que un Bolsonaro mexicano gana la Presidencia en 2024. No es una hipótesis imposible: Brasil, Italia, Hungría y una lista cada vez más larga dan cuenta de la volatilidad política imperante en varias regiones del mundo. En nuestro experimento mental, imaginemos que a pesar de las buenas intenciones del presidente López Obrador, porque estoy convencida que es bienintencionado, poco le sale bien. No por incompetencia, no por errores cometidos en la natural curva de aprendizaje de él y de sus colaboradores sino por factores que no pueda controlar: guerra comercial entre potencias que devalúa el peso, recesión económica profunda en el vecino el norte, caída del precio del petróleo porque la OPEP desaparece y continúa aumentando la producción de EU, regresa la epidemia del A1HN1, pero ahora con mayor virulencia y agréguele, un/una ultra aprovecha estas circunstancias y arrebata el triunfo.
¿Cómo se verían las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional bajo mando militar, en un gobierno presidido por el Bolsonaro mexicano, alguien que proclame que la protección a los derechos humanos son un obstáculo a la consecución de la seguridad? La iniciativa del presidente elimina la única institución civil militar, la Policía Federal, para entregar la seguridad e incluso las funciones de ministerio público a una fuerza entrenada bajo la filosofía militar de disciplina total al mando superior, correcta en un contexto militar pero inadecuada en la vida civil.
¿Cómo funcionarían las recientes reformas que aumentan el catálogo de delitos merecedoras de prisión preventiva bajo un gobierno de ultraderecha? Señoras y señores legisladores: antes de votar imaginen a la señora Wallace como presidenta con una Constitución como la que propone el presidente López Obrador. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotogcom y en fb.com/ceciliasotomx