El enfoque tutti frutti vs. ingreso básico universal

La del actual gobierno partía de dos premisas: adelantarse a evitar la furia del presidente Trump e incluso agradarlo, mediante una estrategia de “cortinas” que desalentara la migración hacia el vecino del norte. En vez del muro trumpiano, habría nuevamente zonas libres y doble salario mínimo en la frontera norte. En segundo lugar, transferencias directas de dinero con criterios cada vez más segmentados, al estilo tutti frutti, y siempre con prioridad en las zonas rurales más pobres. La estrategia social de Por México al Frente estaba basada en la implementación del Ingreso Básico Universal; dada la debilidad presupuestal en tanto no diera frutos una profunda reforma fiscal, el desarrollo del IBU se haría en forma paulatina, comenzando por los estados más pobres, concentrados en el sur del país, conservando y ampliando algunos programas diferenciados como el de Estancias Infantiles para apoyar a madres que trabajan. Ambos enfoques, el del partido triunfador y el de Por México al Frente, coincidían en una política salarial progresista, de aumentos consistentes y paulatinos del salario mínimo y desaparición de la retrógrada Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es importante recordar que la corriente política y económica que dio la batalla cultural para desaparecer el freno institucional a la recuperación del salario mínimo, es decir, la homologación de éste con más de dos mil pagos diferentes desde multas hasta créditos, no fue la que triunfó en las elecciones. La coalición que postuló a Anaya no tenía como prioridad agradar a Trump, así que no propuso ni regresar al régimen de zonas libres ni favorecer salarialmente al norte cuando la pobreza lacera con especial crueldad al sur.

El enfoque tutti frutti o en su versión mexicana “de chile, dulce y de manteca”, para no usar un italianismo, segmenta a la población según criterios más o menos racionales o más o menos caprichosos. Incluso con el enfoque universalista del UBI es imposible y hasta poco deseable eliminar por completo la segmentación. En muchos países hay programas segmentados que atienden a población especialmente vulnerable: adultos mayores, primera infancia, madres embarazadas, desempleados, personas con discapacidad, etcétera. Aquí rigió el capricho y la inquina: por ejemplo, acabar con el programa de Estancias Infantiles, bien evaluado por expertos independientes y que permitía trabajar a por lo menos 300 mil mujeres. Éste fue sustituido por entregas directas a las madres trabajadoras y es uno de los 19 programas prioritarios del gobierno. De estos 19, 13 no sufrieron cambio alguno con la llegada de la pandemia y el tsunami económico que la acompaña. Para el Programa de Personas con Discapacidad y la Pensión para Adultos Mayores se adelantó un bimestre. Se creó el programa de microcréditos para micro y pequeñas empresas, se amplió el programa Sembrando Vidas y el de apoyo a pescadores. Y párele de contar. Es como si al marchar gallardo en pos de un noble objetivo y encabezando un movimiento de millones, de repente se abriera la tierra y el dirigente siguiera marchando, impávido, con la mira puesta en el luminoso futuro que imagina. Directo al socavón.

Entre más segmentados los programas sociales, más oportunidades hay para los errores de inclusión equivocada o exclusión injusta. Más oportunidades también para la corrupción y la manipulación electoral. Más incentivos para las llamadas trampas de la pobreza o de la simulación. A dos años del nuevo gobierno, todavía no hay un padrón único de beneficiarios y los llamados Siervos de la Nación, cuyo nombre, además de cursi, evoca todo lo contrario a una ciudadanía autónoma e independiente, han sido sorprendidos demasiadas veces entregando los beneficios “a nombre del presidente López Obrador”. Y como en este gobierno las decisiones trascendentes no son colegiadas ni basadas en la ciencia sino en la intuición y gustos del Presidente y en diagnósticos semirreligiosos que ignoran las recomendaciones aportadas por miles de investigadores, hay programas de dulce, chile y de manteca, pero no hay para la primera infancia que, demostradamente, es la mejor inversión, ni para programas de seguridad basados en evidencia. Aquí el análisis del Coneval sobre el socavón al que me refiero: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_CO....

¿Qué hubiera hecho un gobierno que guiara su política social por las premisas universalistas del IBU al toparse con el socavón? En los 12 primeros meses se hubiera implementado el IBU por lo menos en tres estados. Ante la crisis hubiera apresurado la implementación de un Mínimo Vital de Emergencia. Sí, con deuda y también con ajustes en el gasto público y priorización estricta de obras. Y te hubiera convocado y escuchado.